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Mercado inmobiliario

Expertos de la ONU piden a Blackstone que frene su especulación inmobiliaria en el mundo

Señala a varios gobiernos, entre ellos el español, por haber facilitado el proceso de irrupción de las multinacionales en el sector inmobiliario.

Casa dada la vuelta

Expertos de la ONU han acusado a empresas de capital privado y a uno de los mayores propietarios de viviendas del mundo, Blackstone, de explotar a los inquilinos, “causar estragos” en las comunidades y ayudar a alimentar una crisis mundial de vivienda.

En un comunicado, la relatora de la ONU para el derecho a una vivienda digna, Leilani Farha, y Sutya Deva, presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, señalaron que las prácticas comerciales de Blackstone -que, según ellos, incluyen inflar masivamente los alquileres e imponer una serie de elevadas tasas y cargos por reparaciones ordinarias- tienen “consecuencias devastadoras” para muchos inquilinos en países de todo el mundo.

En una serie de cartas dirigidas a Blackstone y a los gobiernos de España, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Suecia y EEUU, Farha y Deva acusaron a empresas de capital privado y de gestión de activos de llevar a cabo «desahucios agresivos” para proteger los ingresos de sus alquileres, reducir el número de viviendas asequibles en algunas zonas y expulsar de sus hogares a los inquilinos de ingresos bajos y medios. Además, señala a estos gobiernos por haber facilitado este proceso de irrupción de las multinacionales en el sector inmobiliario.

En los últimos años, Blackstone ha adquirido cientos de miles de viviendas en EEUU, Europa, Asia y América Latina, a menudo a través de filiales, lo que le ha convertido en uno de los mayores y más poderosos actores globales en el sector de la inversión en vivienda.

“Recordamos a los Estados sus obligaciones con los derechos humanos a la hora de regular la inversión en vivienda, para apoyar el derecho a una casa digna”, señaló el comunicado.

En un comunicado, la firma Blackstone respondió que la relatora «retrata un tema de política económica (el acceso a la vivienda) y lo convierte en un problema de derechos humanos» en el que «utiliza nuestro nombre únicamente para atraer la atención».

Hemos actuado siempre de una manera correcta y, por ello, nos estamos defendiendo frente a sus múltiples acusaciones falsas», añadió la firma.

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