«El porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza en 2023 fue del 27,3 por ciento, cifra que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de más de 5 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2020, el año más crítico de la pandemia de Covid-19, se trata, además, de la cifra más baja desde que se tienen registros comparables», indicó Cepal a través de la presentación del informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo.
El organismo detalló que la tasa de pobreza extrema alcanzó en 2023 un 10,6 por ciento de la población en la región, significando una contracción de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.
La Cepal advirtió que pese a los avances, aún 172 millones de personas en América Latina y el Caribe no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales y, entre ellas, 66 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos.
El informe explicó que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres en edad laboral, que es mayor en zonas rurales que en áreas urbanas y que el porcentaje de niños en situación de pobreza es mucho más alto que el de otros grupos etarios.
El principal factor que explicó la disminución de la pobreza regional fue la caída de esta en Brasil, influyendo en la cifra promedio en un 80 por ciento, y Cepal aseguró que si la pobreza no hubiera registrado una baja en este país, el promedio regional habría sido de 28,4 por ciento.
Sin embargo, la desigualdad aún es uno de los factores más preocupantes de la región, donde, en cifras aproximadas, un 10 por ciento de las personas de mayores ingresos concentra el 66 por ciento de la riqueza total, y el 1 por ciento controla el 33 por ciento de esta.
Para avanzar en la erradicación de la pobreza, Cepal propuso establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva entre un 1,5 y un 2,5 por ciento del producto interno bruto, o entre un 5 y un 10 por ciento del gasto público total, ocupándose principalmente del envejecimiento de la población, protección del rubro de cuidados y equidad de género.
