Derechos Humanos
La violencia contra las mujeres que defienden los derechos humanos sigue en preocupante ascenso en Mesoamérica, especialmente en México, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En 2024, se documentaron 7.495 agresiones, un incremento significativo que refleja cómo la represión estatal y las agresiones digitales han convertido esta región en un lugar cada vez más peligroso para las activistas.
El reporte de la Iniciativa Mesoamericana resalta especialmente el crecimiento de la violencia en medios digitales, alcanzando 2.480 casos, lo que representa uno de cada tres ataques registrados. Esta modalidad se concentró especialmente en El Salvador y Nicaragua, países donde las mujeres activistas sufrieron intensas campañas de acoso y hostigamiento en plataformas en línea.
La creciente dependencia tecnológica ha facilitado que estas agresiones sean más frecuentes y difíciles de rastrear o detener.
Otro punto crítico es la implicación directa de agentes del Estado en el 42% de los casos documentados. Autoridades públicas, policiales y militares estuvieron involucradas en acciones violentas que incluyen 170 casos de represión policial en manifestaciones, 58 casos de tortura, y 117 incidentes de tratos crueles e inhumanos.
Las defensoras enfrentan un contexto de creciente militarización, en donde la represión se utiliza como una herramienta sistemática contra la protesta y la defensa de los derechos fundamentales.
En 2024, la violencia extrema cobró la vida de al menos 7 activistas: cinco en México y dos en El Salvador. Además, se documentaron 11 intentos de femicidio, dos intentos de transfemicidio, y 26 amenazas de muerte, evidenciando la escalada de violencia directa contra las defensoras.
Las mujeres defensoras enfrentan riesgos extremos que pueden costarles la vida o su seguridad personal en su activismo cotidiano.
El informe también denuncia la existencia de 82 detenciones arbitrarias y 54 procesos judiciales irregulares, basados en hechos falsos o manipulados, que buscan criminalizar el activismo. Paralelamente, 120 defensoras fueron desplazadas forzosamente de sus hogares y comunidades debido a amenazas directas.
La criminalización judicial y el desplazamiento forzado son tácticas crecientemente utilizadas para silenciar voces críticas.
Ante este contexto, la Iniciativa Mesoamericana hace un llamado urgente para que organismos internacionales aumenten su atención y presión sobre los gobiernos de la región. La organización insiste en la necesidad de mecanismos efectivos que garanticen la protección integral de las activistas.
La comunidad internacional debe actuar con rapidez para proteger la vida y los derechos de las mujeres defensoras en la región.
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