Las dos operaciones de mayor calado tienen como destinatario a República Dominicana. El Gobierno ha aprobado, por una parte, la concesión de un crédito al país, por un importe máximo de 20 millones de dólares (17,7 millones de euros), según consta en las referencias del Consejo de Ministros.
Este crédito cuenta con un plazo de amortización de 18 años y un periodo de carencia de tres.
Por otro lado, se ha autorizado el pago de hasta 445.000 dólares (393.414 euros) al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por la preparación y supervisión del Proyecto de inclusión productiva y resiliente de familias rurales – Prorural inclusivo. Esta operación está cofinanciada con el crédito de 17,7 millones de euros.
El objetivo general del proyecto es contribuir a reducir la pobreza monetaria y la vulnerabilidad de las familias rurales, que afecta a unas 160.000 personas, debido a su escasa inclusión productiva y a su frecuente exposición a perturbaciones económicas y climáticas cuyos efectos amplifica el cambio climático.
En este sentido, Prorural inclusivo contempla tres componentes, que son las inversiones para la inclusión productiva y la capacidad de recuperación de las familias rurales; diálogo interinstitucional sobre políticas públicas, y planificación, supervisión y evaluación, gestión del conocimiento y gestión de proyectos.
Adicionalmente, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas aportará 11,88 millones de dólares (10,5 millones de euros), mientras que otros 18 millones de dólares (16 millones de euros) serán aportados por el Gobierno dominicano, instituciones locales y los propios beneficiarios.
PRÉSTAMO A BANCO AZUL DE EL SALVADOR
Por otra parte, el Gobierno ha autorizado un préstamo por importe máximo de 15 millones de dólares (13,26 millones de euros) a favor de Banco Azul de El Salvador. La operación tiene un plazo de amortización de nueve años y un periodo de carencia sobre el principal de cinco años.
El préstamo al banco salvadoreño tiene el objeto de contribuir a aumentar la cartera de crédito dirigida a la pequeña y mediana empresa de todos los sectores productivos de El Salvador, así como a financiar proyectos de energía limpia, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico, social y medioambiental del país.
ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES EN ANDES PLUS FUND
Adicionalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado la adquisición de participaciones del vehículo inversor Andes Plus Fund, que tiene por objetivo empresas latinoamericanas, por un máximo de hasta 7 millones de dólares (6,2 millones de euros).
La rentabilidad esperada de estas inversiones es de en torno al 7% en dólares estadounidenses. Asimismo, el Gobierno estima que el fondo de inversión perdurará entre nueve y diez años si se superan los 30 millones de inversión. Estas proyecciones son ampliables por dos años.
Según el Ejecutivo, la intención de adquirir participaciones del fondo es proporcionar financiación a pymes que aportan bienes y servicios a comunidades locales subatendidas, que generan puestos de trabajo e ingresos sostenibles en estas comunidades por medio de su inclusión en la cadena de valor como proveedores, minoristas, empleados o consumidores, así como ayudar a estas empresas a alcanzar escala y sostenibilidad a largo plazo, promoviendo un enfoque de género.
Su foco geográfico será Colombia y Perú. En caso de que los compromisos totales del Fondo superaran los 30 millones de dólares (26,5 millones de euros), el foco geográfico podría ampliarse mediante operaciones puntuales en Bolivia, Paraguay o Ecuador.
Además, el fondo tiene un enfoque de igualdad de género por lo que se dará prioridad a empresas propiedad de mujeres, con equipos de gestión diversos y practiquen la igualdad de género en todos los niveles de su organización.
PRÉSTAMO DE 2,6 MILLONES A SICSA
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) a Sociedad para la Inclusión de la microempresa en Centroamérica y El Caribe (Sicsa).
La operación cuenta con un plazo de amortización de ocho años y un periodo de carencia de cinco años.
La función principal de esta sociedad es ofrecer servicios a las redes nacionales de microfinanzas que apoyan a la micro, pequeña y mediana empresa de la región.
