La eliminación o supresión de una información personal puede ser solicitada por todo aquel titular de un dato en el caso de que alguno de los derechos fundamentales, como la intimidad, la propia imagen o el honor, se vean perjudicados. Así se dispone desde el año 2018 en la ley que rige en España, la Ley de Protección de Datos.
Remove Group es una empresa de tecnología fundada por Alejandro Abascal y Borja de la Torre, pionera en la eliminación, desindexación y desposicionamiento de contenidos en buscadores de internet. Su trabajo consiste en ayudar a personas y empresas que atraviesan una crisis de reputación a eliminar publicaciones negativas online.
La ley aprobada en diciembre de 2018 en España, llamada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, adaptó la legislación vigente a las disposiciones europeas y a lo que dispone la Constitución Española. “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, establece la Constitución en el artículo 18.
A su vez, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea establece el derecho al olvido, que es necesario para proteger la reputación de una persona dentro de un dominio público. En la actualidad, la reputación online es fundamental tanto para las personas físicas como para las jurídicas. Una publicación difamatoria puede lesionar seriamente la imagen de un individuo o una institución. Cuando esa información deja de ser noticia es posible ejercer el derecho al olvido.
El responsable de procesar los datos personales que se incluyen en noticias o publicaciones es siempre el motor de búsqueda, que es quien debe eliminar los enlaces a las páginas web en cuestión. Para aplicar el derecho al olvido hay que sopesar los intereses de la persona involucrada y el interés público.
Los mecanismos vigentes para desindexar contenido de Google por cuenta propia resultan lentos y trabajosos. Se pueden utilizar algunas herramientas específicas que ofrece el buscador, pero es difícil conseguir resultados positivos antes del transcurso de al menos seis meses.
Para ejercer el derecho al olvido se debe descargar un formulario, llenarlo y enviarlo. Lamentablemente, Google puede tardar hasta dos años en analizar la solicitud. El derecho al olvido es difícil de interpretar porque el límite entre lo que es de interés público y lo que no lo es puede ser estrecho.
Por ese motivo, una de las mejores opciones es contratar una empresa especializada como Remove Group, que garantiza resultados en un plazo máximo de 120 días, al término de los cuales es posible eliminar toda o gran parte de la información que resulta perjudicial.
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