S&P rebaja el rating de El Salvador y advierte de las vulnerabilidades financieras y de deuda del país

La Asamblea Legislativa de El Salvador

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S&P Global Ratings ha rebajado la nota crediticia soberana de El Salvador a corto plazo desde ‘B’ hasta ‘C’, con perspectiva ‘negativa’, como consecuencia de las vulnerabilidades en la deuda externa y financieras del país, según consta en un informe de la agencia, en el que también ha rebajado la calificación a largo plazo desde ‘B-‘ hasta ‘CCC+’.

«Las elevadas necesidades de financiación del Gobienro y su gran dependencia de la deuda interna a corto plazo han exacerbado el riesgo de refinanciación en un contexto de opciones de financiación cada vez más reducidas», ha explicado la firma.

El Gobierno tiene vencimientos de deuda por valor de unos 800 millones de dólares (760 millones de euros) en enero del año que viene.

Las advertencias sobre la situación financiera del país se suman a las de otras agencias como Moody’s, que también rebajó el rating del país hasta ‘Caa3’, con perspectiva ‘negativa’, acusando un mayor riesgo de impago o ‘default’ en los vencimientos de principios de 2023.

S&P también ha incidido en la falta de flexibilidad monetaria en el país como consecuencia de la dolarización, que continúa teniendo una fuerte presencia pese a la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre del año pasado.

En opinión de la agencia, el Gobierno podría recurrir a fuentes alternativas de liquidez para cumplir con los servicios de pago de deuda durante los próximos 12 meses. Sin embargo, los retrasos en obtener mayor financiación, al tiempo que se toman las medidas correctivas fiscales adecuadas para reducir el déficit, podrían dañar la confianza de los inversores y hacer más difícil para la Administración de Nayib Bukele cubrir sus desfalcos financieros.

S&P advierte que en el medio plazo podría volver a rebajar la calificación del país centroamericano en el caso de percibir un debilitamiento en la gestión del Gobierno en la corrección de los déficits fiscales y las necesidades de refinanciación, así como en su capacidad para realizar los ajustes fiscales necesarios para estabilizar su «muy alta carga de deuda».

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