El Salvador prohíbe las concentraciones públicas que no sean artísticas, culturales o deportivas

Protestas en El Salvador contra la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, 15 de septiembre de 2021. Foto: Camilo Freedman/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Camilo Freedman/SOPA Images via / DPA

Protestas en El Salvador contra la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, 15 de septiembre de 2021. Foto: Camilo Freedman/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Camilo Freedman/SOPA Images via / DPA

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La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado este miércoles un decreto presentado por el presidente del organismo, Ernesto Castro, por el cual se prohíben hasta el 8 de diciembre las concentraciones públicas y privadas que no tengan que ver con actividades artísticas, culturales o deportivas.

Si bien la norma apunta al contexto sanitario y establece que no se podrán dar «concentraciones masivas, sin distanciamiento social» en las que participen «personas sin esquema completo de vacunación», bien es cierto que su aprobación se da después de una serie de marchas el pasado fin de semana en contra del mandatario salvadoreño.

A pesar de los retenes militares que interceptaron autobuses, ciudadanos y organizaciones sociales salieron a las calles de la capital del país para protestar contra el presidente, Nayib Bukele, y sus políticas, especialmente las que refieren a la Ley Bitcoin, las reformas constitucionales o los permisos por hasta quince años para que empresas privadas se dediquen a la explotación del agua del país.

Así, el decreto apunta que «la Fiscalía General actuará de oficio ante el incumplimiento» y dependiendo del caso, el infractor «incurrirá en delito de desobediencia de particulares y será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 338 del Código Penal».

Este epígrafe establece que la desobediencia a una orden legislativa se castiga con penas de prisión de entre uno y tres años y una multa que puede ascender hasta los 35.000 dólares –30.000 euros–, recoge el diario local ‘La Prensa Gráfica’.

Sin embargo, el decreto –aprobado con 63 votos a favor y 17 en contra– choca con los artículos 6 y 7 de la Constitución salvadoreña que versan sobre las libertades de los ciudadanos para expresarse sin ser objeto de censura y asociarse y reunirse libre y pacíficamente.

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