El bitcóin protagoniza otro año políticamente convulso para El Salvador

A casi tres meses de irrumpir en la escena financiera de El Salvador, persisten más dudas que certezas sobre la pertinencia de esta criptomoneda, aunque hizo que miles de ciudadanos con distintas corrientes de pensamiento se pusieran de acuerdo en rechazarla.

De hecho, desde la entrada en vigor el pasado 7 de septiembre de la llamada Ley Bitcóin, una iniciativa del presidente Nayib Bukele aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa, se realizaron al menos cuatro grandes marchas contra su implementación.

Según constató la Agencia Sputnik, la reticencia popular se sostiene en dos pilares: la manera en que fue impuesta esta variante, cuya falta de regulación propicia ciertos delitos financieros, y el uso de fondos públicos para comprar un activo extremadamente volátil, sin garantías.

PROS Y CONTRAS DEL BITCÓIN

Desde un principio el presidente Nayib Bukele insistió en los beneficios de la adopción del BTC (según su código bursátil), desde el envío y cobro de remesas sin comisiones hasta el supuesto atractivo para la inversión extranjera, amén de la imagen de modernidad que proyectaba de El Salvador.

Para César Villalona, vocero del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), esta normativa es un fracaso, sobre todo porque la mayoría de la población económicamente activa carece de patrimonio para darse el lujo de sufrir una caída repentina en el valor del BTC, o lidiar con la especulación y la volatilidad de las criptomonedas.

Además, Villalona desmintió el discurso sobre la atracción de capital extranjero, alegando que los empresarios no invierten en un país por su moneda, sino por atractivos como servicios, seguridad pública, jurídica y política, estabilidad económica y buenas calificaciones de riesgo.

A las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la ‘minería’ de bitcoines, Bukele afirmó que el país recurrirá a la energía geotérmica para alimentar de forma limpia y sustentable el proceso, aunque expertos locales niegan que El Salvador tenga tal capacidad de generación.

Igual, Bukele anunció casi al cierre del año un proyecto financiero y tecnológico denominado ‘Bitcoin City’, y la emisión de 1.000 millones de dólares en bonos BTC, empresa ambiciosa y cuya ejecución plantea expectativas, dudas y desafíos.

No obstante, persiste la preocupación de que el país se convierta en un paraíso para el lavado de dinero y, de hecho, desde que se abrió las puertas al BTC se enfrió un acuerdo casi listo para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregara un crédito de 1.300 millones de dólares.

¿AUTORITARISMO DEMOCRÁTICO?

Durante el año Bukele fue acusado de acelerar su deriva autoritaria, críticas de las que se burló el mandatario, que incluso se definió en Twitter como «el dictador más cool del mundo mundial».

Sin embargo, desde la sociedad civil y la comunidad internacional no se lo toman a broma, sobre todo después del pasado 1 de mayo, cuando asumieron las autoridades elegidas en los comicios del 28 de febrero, dominados por el oficialista partido Nuevas Ideas.

La llamada ‘Bancada Cyan’ ganó 56 de las 84 curules del Parlamento unicameral de este país, una correlación que volvió irrelevante a una oposición fragmentada, y que sufrió en las urnas el voto de castigo de una población descontenta con viejas administraciones, que votó por lo diferente.

Con el Ejecutivo y el Legislativo en sus manos, el oficialismo apuntó al poder Judicial y la nueva Asamblea comenzó su mandato deponiendo al fiscal general, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso legal pero cuestionado.

La narrativa gubernamental avaló este golpe a la independencia de poderes con los altos índices de popularidad de Bukele, su manejo de la pandemia de covid-19, la reducción en homicidios, y la rápida recuperación económica respecto al duro 2020.

Pero los críticos señalan el alza en la deuda pública, en los casos de desapariciones, denuncias de nepotismo y corrupción, presuntos pactos secretos con pandillas, y la persistencia de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992).

Tales situaciones resintieron aún más las relaciones con Estados Unidos, el aliado histórico de El Salvador, que incluyó a altos funcionarios del entorno de Bukele en listas negras de Washington por evidencias de corrupción y otros delitos, lo cual rechazó el Gobierno de este país.

El desaire de Bukele a un enviado especial del presidente Joe Biden, así como el efímero –y fútil– regreso de la exembajadora Jean Manes para tratar de enmendar la crisis, fueron factores que alejaron más a El Salvador de EEUU, y posiblemente lo acercará más a China en 2022. (

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