El Salvador vive desde el 27 de marzo en un estado de excepción promovido desde el Gobierno y avalado por la Asamblea Nacional, afín a Bukele. En nueve días, las fuerzas de seguridad salvadoreñas han detenido a 6.000 presuntos miembros de grupos armados y serían 22.000 en total ya en las cárceles.
Bukele, durante un acto de graduación Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), ha querido mandar un mensaje «a los criminales que están fuera», ante los «rumores» que apuntan que «quieren empezar a vengarse de la gente honrada, al azar». «Hagan eso y no habrá ni un tiempo de comida en las cárceles», ha advertido en un discurso.
«Y no me importa lo que digan los organismos internacionales», ha dicho, consciente de las críticas recibidas por la mano dura impuesta para contener el repunte de la violencia en el país sudamericano. «Que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno», ha apostillado.
Según Bukele, hay ONG que «necesitan que haya un baño de sangre para poder criticar, porque de eso viven». Sin embargo, se ha comprometido a seguir trabajando para «liberar» al país centroamericano de la violencia tras otras etapas en las que los gobiernos «enseñaron a marar» a los pandilleros.
«La comunidad internacional sí castiga a sus delincuentes con penas severas, pero no quieren que nosotros castiguemos a los nuestros porque somos su experimento social y se lucran del baño de sangre de El Salvador», ha declarado el mandatario, según su oficina.
La Constitución de El Salvador permite a la Asamblea Legislativa suspender derechos constitucionales en caso de circunstancias extremas, incluida la existencia de «graves perturbaciones de orden público». El régimen de excepción tiene una validez de un mes, prorrogable una vez más por ese mismo tiempo.
La medida suspende los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso, lo que ya ha generado críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Bukele siempre ha negado que haya negociado con las pandillas, a pesar de que en septiembre de 2020 el portal ‘El Faro’ publicó una investigación al respecto y que en diciembre de 2021 el Gobierno de Estados Unidos denunció un diálogo encubierto con el principal grupo, el MS-13, también conocido como la Mara Salvatrucha.
