Más de 13 millones de votantes registrados en el padrón electoral de Ecuador tendrán que decidir este domingo si están de acuerdo con iniciar un proceso para la elaboración de una nueva Constitución, en un referéndum y consulta popular promovido por el Gobierno de Daniel Noboa.
Aunque no son claros los cambios a los que apunta Noboa para reemplazar la Constitución vigente desde 2008 -hecho que ha generado incertidumbre entre los votantes-, el mandatario ha dicho que aspira a un texto constitucional con 180 artículos «como máximo», que incluya algunas propuestas penales, económicas y de protección a la libertad de expresión.
Para el abogado constitucionalista ecuatoriano Andrés Benavides, la convocatoria a una Asamblea Constituyente -órgano encargado de llevar adelante las eventuales modificaciones- puede contribuir a la resolución de algunos problemas del país.
Sin embargo, señaló que una convocatoria de tal naturaleza, sin una «hoja de ruta» con propuestas claras, también podría suponer un riesgo.
«Podemos ir a una Constituyente, pues hay que corregir varias cosas de la Constitución de 2008. Pero sin objetivos claros, eso puede también generar un escenario peor que el que estamos viviendo», señaló el experto en entrevista con la agencia Sputnik.
El jurista advirtió que también existen incoherencias en la llamada Constitución de Montecristi, 2008, aún vigente (nombrada así por haber sido promulgada en esa ciudad de la provincia de Manabí, noroeste), sobre temas referidos a la transparencia y la regulación electoral.
Benavides, que también es catedrático en la Universidad Internacional del Ecuador, señaló no obstante que existen defectos que deberían corregirse, como la falta de independencia de la Corte Nacional de Justicia y de la Fiscalía General del Estado
El presidente Noboa, en tanto, ha reiterado públicamente que habrá que esperar a que los electores se manifiesten para posteriormente exponer las propuestas concretas.
El mandatario observa en la Constitución actual un problema estructural que impediría avanzar hacia las metas que se ha propuesto su Gobierno en materia de desarrollo, combate al crimen organizado y eliminación de la pobreza.
«Tenemos una Constitución que tiene mucho negativo, mucha prohibición, no es una Constitución proactiva, sino de castigo», señaló esta última semana, en entrevista con la emisora local Radio Sucre.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó en septiembre un presupuesto de 59,8 millones de dólares para estos comicios, que serán vigilados por 825 observadores nacionales e internacionales.
El voto será obligatorio para todos los ecuatorianos que tengan entre 18 y 64 años, según dispone el Código de la Democracia (o Ley orgánica electoral).
Según algunas estimaciones de organizaciones y analistas, en caso de recibir el apoyo necesario la propuesta para redactar un nuevo texto constitucional insumirá más de 200 millones de dólares adicionales a los de la consulta y el referéndum.
La instancia electoral de este domingo se compone de cuatro preguntas que deberán responder los electores.
Del total, tres revisten condición de referéndum -es decir, proponen reformas explícitas a la Constitución vigente- y una corresponde a la figura de la consulta popular, mediante la cual los votantes pueden responder sobre temas variados -políticos, económicos, administrativos, etc.- sin que ello implique una modificación a la Carta Magna.
En este caso, la pregunta «D» -la única que reviste condición de consulta popular- pone a consideración del votante la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente, con representantes que serían elegidos por los ciudadanos, para redactar un nuevo texto constitucional que pase a regir los destinos de la nación.
Si triunfa el «Sí», el nuevo texto constitucional deberá ser elaborado por 80 «asambleístas constituyentes» y ser sometido posteriormente a las urnas para su eventual entrada en vigor.
La Constitución actual, en su artículo 57, reconoce 21 derechos colectivos de «las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas».
Entre estos, se mencionan el derecho a la identidad y a conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que el texto considera «inalienables, inembargables e indivisibles».
El artículo también contempla la consulta previa, libre e informada, antes de una concesión de proyectos extractivistas en tierras habitadas por pueblos originarios.
En este sentido, Benavides insistió en que no puede existir la regresividad en materia de derechos adquiridos; en particular, se refirió a la llamada justicia indígena, respecto de la cual Ecuador es firmante de convenios y tratados internacionales.
El abogado alegó que, de suprimirse ese derecho en la nueva Carta Magna, el país podría ser objeto de demandas a nivel internacional.
Entre las principales dudas generadas por los cambios que podrían ocurrir en el eventual proceso constituyente, Benavides mencionó el tema de la seguridad social y en particular se preguntó «si el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) va a seguir prestando los servicios de salud o solo lo que tiene que ver con la jubilación».
También cuestionó si serían eliminados los derechos de la naturaleza, a la resistencia y a la resistencia frente a entidades -estatales o no- que vulneren derechos constitucionales, aun cuando el presidente Noboa ha reiterado que no habrá regresión en estas garantías.
«Tal vez hay personas que en este momento estén de acuerdo con una Constituyente, pero si es que se plantean regresiones en estos temas, seguramente van a votar que no», estimó.
Por su parte, el abogado Mario Cuvi, afirmó recientemente que desde que existen los derechos de la naturaleza el país ha retrocedido en protección ambiental.
«Se fijan derechos que hacen que la naturaleza sea sujeto de derechos y se genera el incentivo para que activistas que puedan tener buenas o malas intenciones o incentivos macabros e incluso financieros, defiendan conceptos según su conveniencia, en lugar de preceptos claros», indicó el abogado en una entrevista con «Vera a su manera», un programa de radio digital.
Cuvi también citó el caso del campo petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini, que generaba anualmente 1.200 millones de dólares para financiar la salud, educación y la construcción de carretas, pero actualmente se encuentra en proceso de cierre, en opinión del abogado debido a una falsa interpretación de los derechos ambientales tras la consulta popular de 2023, que ordenó la eliminación del extractivismo en ese enclave amazónico.
También se ha criticado que el texto vigente favorece incluso a los delincuentes.
El abogado constitucionalista Salim Zaidan, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Ecuador, señaló al respecto a la agencia Sputnik que el problema no está en el sistema de garantías, sino en el sistema judicial y penal.
De acuerdo con el jurista, la eventual reforma constitucional es una oportunidad para transformar, a la vez, «el diseño de la función judicial», señaló.
Pero según algunos analistas, en la votación no solo están en juego aspectos jurídicos.
Matías Abad, docente de la Universidad del Azuay (sur), indicó a esta agencia que en Ecuador siempre las consultas populares han sido una especie de plebiscito sobre el liderazgo y gestión del mandatario de turno.
«Noboa lanza esa consulta para cambiar la agenda política y tenernos hablando de las preguntas, de la Constituyente y dejando atrás la problemática social, de seguridad, económica y de salud» que afecta al país, opinó.
A su entender, la atracción de mayor inversión extranjera podría haberse concretado a través de reformas parciales a la Constitución actual, con la presentación de una reforma en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), considerando que el Gobierno tiene mayoría en ese recinto.
«Es un momento de riesgo e incertidumbre y no creo que sea adecuada una Asamblea Constituyente. Creo que debió canalizarse a través de reformas dentro de la Asamblea y luego poner en consideración de la población en un referéndum. No le veo prudente debido a la incertidumbre», subrayó.
En igual sentido se expresó el exviceministro de Economía, Santiago García Álvarez, quien declaró a la agencia Sputnik que ve grandes posibilidades de que la redacción de una nueva Carta Magna impacte de forma negativa en las perspectivas de los sectores productivos e inversionistas externos.
García opinó que la situación interpondría un cierto compás de espera para la toma de decisiones por parte del Gobierno, a causa del tiempo que llevará el proceso de elaboración de un nuevo texto.
«No estamos cambiando una ley, estaríamos cambiando el principal cuerpo jurídico del Estado ecuatoriano: la Constitución», subrayó.
En caso de que gane el «Sí» en la pregunta «D», los electores deberán acudir dos veces más a las urnas: una para elegir a los 80 parlamentarios que integrarán la Asamblea Constituyente y otra para refrendar o no el nuevo texto, lo cual en total podría demorar más de un año.
La propuesta del presidente es que los constituyentes tengan un suplente y, del total, 24 sean elegidos a nivel nacional y seis por el exterior (dos de la circunscripción Europa, Asia y Oceanía, dos por Canadá y EEUU y dos por Latinoamérica, El Caribe y África).
Además, habría 50 representantes provinciales, elegidos uno por provincia y uno más por cada 471.000 habitantes.
La votación adelantada comenzó el jueves, con el voto de los privados de libertad sin sentencia ejecutoriada, y el viernes, con el denominado «Voto en Casa», votaron las personas con alto porcentaje de discapacidad física que ejercen el sufragio en su residencia.
Tras el simulacro realizado el último fin de semana, el CNE declaró que están dadas las condiciones para iniciar la votación, que se abrirá oficialmente este domingo a las 07:00 hasta las 17:00 hora local (12:00-22:00 GMT).
Según estimaciones, los primeros resultados podrían estar disponibles a partir de las 18:00 (23:00 GMT), y a las 22:30 o las 23:00 (03:30-04:00 GMT) se espera que estén escrutados entre el 85 y el 90 por ciento de los votos.
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