El presidente de Ecuador, Daniel Noboa
Tras el revés electoral sufrido en una reciente consulta popular y referéndum, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que buscará hacer enmiendas constitucionales para lograr sus objetivos.
«Nosotros tenemos que seguir luchando y que seguir trabajando, lo haremos por vía Asamblea, lo haremos por vía enmiendas constitucionales», dijo el mandatario en una entrevista en el Palacio de Carondelet (sede del Gobierno), luego de varios días de silencio y de un viaje incógnito a EEUU.
El catedrático ecuatoriano Jorge Mora señaló a la Agencia Sputnik que, tras esta derrota en las urnas, Noboa tratará de avanzar por otro camino para conseguir su propósito de reducir al mínimo posible la intervención del Estado en el quehacer económico del país y, darle mayor protagonismo al sector privado.
Mora, exdocente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, indicó que el modelo de pensamiento capitalista y las raíces familiares del presidente (hijo del hombre más rico del país, Álvaro Noboa) riñe con la Constitución vigente desde 2008, que tiene una orientación de responsabilidad social controlada por el Estado y no es funcional para la manera como pretende manejar a este desde el poder, incluida la seguridad, la salud y la educación.
«Entonces, la Constitución resulta, para la manera de pensar de Daniel Noboa, una camisa de fuerza que le impide aplicar sus políticas como él las concibe y quiere aplicar», anotó.
El mandatario propuso a los electores pronunciarse en las urnas sobre el retorno de las bases militares al país; la eliminación del financiamiento del Estado a las organizaciones políticas; la reducción del número de legisladores (de 151 a 73) y el inicio de un proceso para elaborar una Constitución que reemplace a la de 2008.
De las cuatro preguntas, tres precisaban de cambios constitucionales y la cuarta, referida al inicio de un proceso para elaborar un nuevo texto constitucional, requería si era aprobada, el desembolso de más de 200 millones de dólares para garantizar otras dos vueltas a las urnas y más de un año de sesiones de los constituyentes.
El «no» alcanzó su mayor valor en la posibilidad de elaborar un nuevo texto constitucional: el 61,8 por ciento de los electores rechazó la propuesta del presidente, quien no explicó sus intenciones, prometiendo informarlo cuando tuviera el respaldo de los votantes.
El pasado 8 de diciembre, el movimiento oficialista Acción Nacional Democrática (ADN, centroderecha) dio el primer paso al presentar en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) una propuesta de enmienda constitucional para modificar cuatro artículos de la Carta Magna, que aluden a la clasificación de los privados de libertad como un grupo vulnerable y de atención prioritaria.
Esta fue una de las ideas planteadas por Noboa para que los votantes se expresaran a favor de elaborar un nuevo texto constitucional, bajo el argumento de que los reos no pueden ni deben tener privilegios.
Entre los cambios adelantados está crear un nuevo numeral para consagrar los derechos de las personas en lo que concierne a la dignidad humana y sacar a los privados de libertad del articulado referido a los derechos de grupos vulnerables.
«Ahora las enmiendas que propondría (Noboa) apuntarían a soltar el control del Estado y abrir espacios para la inversión privada y la liberalización de los mercados, incluido el laboral, lo que chocaría con la apreciación ciudadana, sobre todo afín al «correísmo» (seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017), como una manera de «perder derechos» que le garantiza la Constitución del 2008″, señaló Mora.
Esta vía (de enmiendas constitucionales) le permitirá al Gobierno hacer reformas sin necesidad de elaborar un nuevo texto constitucional, alternativa que había desechado previamente, pese al costo para el Estado de casi 60 millones de dólares.
Noboa invocó los artículos 441 y 442 de la Carta Magna, según los cuales los proyectos de reformas o enmiendas a la ley de leyes deberán ser enviados a la Corte Constitucional para que determine si se puede concretar a través de un referéndum o de la Asamblea Nacional.
Los eventuales cambios serían considerados, estipula la norma, siempre y cuando no alteren «el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución».
Mora indicó que todos los proyectos, demandas y aspiraciones sociales dependen de la disponibilidad de recursos que pueden provenir del precio internacional de las materias primas y los «commodities» con escaso valor agregado que vende el Estado a nivel internacional, los impuestos, la inversión extranjera, los créditos internacionales o las reservas, pero, en su opinión, Noboa ve como prioritario el generar recursos.
«Y eso explica su fijación en tratar de encontrar en el exterior acuerdos y oportunidades comerciales, además de inversión extranjera directa y créditos en los multilaterales», dijo.
Anotó que esta manera de enfrentar la generación de recursos funciona a mediano y largo plazo, pero las necesidades son urgentes y de cortísimo plazo, por lo cual existe una asimetría entre las urgencias y la posibilidad de generar recursos financieros, y una respuesta a las demandas sociales ha sido mínima y eso explica las protestas sociales durante su mandato.
Tras la convocatoria a la consulta y referéndum, llovieron las críticas contra un gasto considerado innecesario para Ecuador en un momento social complejo y cuyo monto podría ser destinado a buscar soluciones a los problemas más acuciantes del electorado, como la inseguridad, el desabastecimiento de medicinas, problemas en la atención médica, el desempleo y, a partir de enero, un nuevo recorte presupuestario a las universidades públicas.
Sin embargo, luego de la derrota electoral, ninguno de esos ámbitos han sido mencionados en una lista de prioridades del Gobierno, más allá del anuncio de una compra masiva de medicamentos para abastecer la red sanitaria pública.
Algunos analistas advierten que, de no hacer la lectura correcta de las estadísticas emanadas de los votos, ello podría capitalizar el descontento popular y movilizar nuevamente a los sectores populares tras las manifestaciones registradas desde el año pasado y atizadas durante el paro nacional realizado entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de este año contra la eliminación del subsidio al diésel, que dejaron al menos tres muertes.
Tanto los resultados de la consulta y referéndum como la decisión de Noboa de insistir en sus propósitos desataron un debate público sobre la posibilidad de los votantes de acudir a la herramienta ciudadana de la revocatoria de su mandato, al considerar que el presidente y su equipo desoyen el sentir expresado en las urnas, más allá de unos pocos cambios en su gabinete y de su anuncio de la apertura al diálogo con todos, menos con los «delincuentes».
La revocatoria del mandato, sin embargo, no podría activarse hasta mayo de 2026, cuando Noboa cumple un año en el Gobierno, con lo cual, al adentrarse el país en una etapa de inestabilidad política, según Mora, traerá un periodo complejo en los ámbitos económico, social y político.
«Las respuestas que puede dar el Gobierno no son rápidas y las demandas son urgentes. Yo apunto a la estabilidad política, pero, conocedor de la idiosincrasia de nuestra gente, lo veo imposible», señaló Mora en alusión al pasado reciente del país, cuando en 10 años fueron sacados del Gobierno siete presidentes.
Sin embargo, el analista advirtió que la falta de sensibilidad de la administración Noboa respecto a los problemas de las mayorías podrían dar al traste con su mandato, y con ello echar abajo sus aspiraciones reeleccionistas para 2029.
Además, avizoró que, ante el hecho de que el Gobierno no tiene la suficiente sensibilidad para sintonizar y atender las necesidades sociales más urgentes de sus votantes, podrían darse «tiempos de agitación política para el país y de dificultades para que el Gobierno culmine con su mandato».
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