La medida, adoptada tras el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la aprobación de la nueva Ley de Fundaciones, ha reavivado el debate sobre los límites del control estatal y la autonomía de la sociedad civil.
El Ejecutivo ecuatoriano enfrenta así un equilibrio delicado entre la lucha contra el financiamiento ilícito y la garantía de los derechos de protesta y asociación en un contexto político marcado por la desconfianza.
El Gobierno justifica la medida con base en rastreos financieros
Noboa explicó que el congelamiento fue resultado del seguimiento a transferencias irregulares que, según informes de la UAFE, no coincidían con los usos declarados por las organizaciones receptoras. “Pudimos rastrear y congelar fondos que iban a ser destinados para desestabilizar un Gobierno”, declaró el mandatario en una entrevista televisiva.
Las autoridades sostienen que las medidas de rastreo financiero evitaron una escalada de violencia y protegieron la estabilidad económica
El presidente añadió que el mecanismo permitió detectar cómo ciertas entidades recibían recursos bajo conceptos falsos, y que los bancos bloquearon operaciones sospechosas para evitar su ejecución. Las declaraciones se producen tras semanas de tensión social provocadas por el decreto que liberalizó el precio del diésel, detonante de un paro nacional con amplia participación de movimientos indígenas.
Impacto económico y datos del Ejecutivo
Noboa afirmó que, pese al conflicto, la economía no se paralizó. Según datos oficiales, las ventas nacionales aumentaron un 14% en septiembre y un 8,4% en octubre, con un desempeño especialmente positivo en provincias con alta población indígena como Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas.
| Indicador económico | Septiembre | Octubre |
|---|---|---|
| Variación de ventas | 14% | 8,4% |
| Provincias con mayor crecimiento | Zamora Chinchipe / Sucumbíos / Santo Domingo | — |
El Gobierno interpreta el repunte de las ventas como muestra de que las movilizaciones no afectaron la actividad productiva
El Ejecutivo considera estos datos un respaldo a su estrategia económica y asegura que el país “siguió avanzando” a pesar del paro.
Organizaciones denuncian persecución y piden transparencia
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció el bloqueo de sus cuentas y las de fundaciones ambientalistas y campesinas —entre ellas Pachamama, Ceibo y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC)—, calificando la medida como “intimidación económica”. Las organizaciones aseguran que los bancos actuaron “por órdenes estatales”, sin notificación judicial ni procedimiento previo.
Los movimientos sociales acusan al Gobierno de usar herramientas financieras para debilitar la protesta y presionar a sus dirigentes
Desde el ámbito internacional, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, manifestó su preocupación y pidió a Quito garantizar la transparencia del proceso y el derecho a la defensa, subrayando que el control financiero no debe convertirse en un instrumento de represión.
Un equilibrio frágil entre seguridad y derechos
El bloqueo de cuentas marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana: el Gobierno lo presenta como una medida de seguridad económica, mientras los movimientos sociales lo perciben como un intento de criminalizar la protesta.
El desenlace de esta controversia determinará hasta qué punto Ecuador puede sostener la estabilidad institucional sin vulnerar las garantías ciudadanas que sustentan su convivencia democrática.
