«Se ratifica: las ochos preguntas que están establecidas en la consulta del presidente Lasso no resuelven los problemas más sentidos. Los problemas que realmente pudieran cambiar el rumbo del Ecuador están en los acuerdos firmados luego de la lucha llevada por las organizaciones indígenas y los sectores populares del Ecuador», manifestó Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
Iza se refirió a los 218 acuerdos alcanzados en octubre pasado con el gobierno nacional luego de 90 días del diálogo que tuvo lugar tras 18 días de manifestaciones en las calles por parte del movimiento indígena y social en demanda de un pliego petitorio de 10 puntos, entre los cuales se exigía la focalización del subsidio a los combustibles.
En rueda de prensa en la Conaie, varios dirigentes indígenas y sociales también argumentaron la posición de sus organizaciones respecto a cada una de las ocho preguntas propuestas por el gobierno, que se refieren a temas medioambientales, cambios a la institucionalidad como la reducción del número de legisladores integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y la extradición de los narcodelincuentes.
Esta votación se realizará simultáneamente con las elecciones de dignidades locales y de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente autónomo que participa en la elección de unas 77 autoridades del país.
El presidente de la Conaie expresó que la pregunta relacionada con la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado transnacional no resolverá el problema de la seguridad en el país.
Respecto a la iniciativa gubernamental para reducir el número de asambleístas, indicó que tampoco solventará la problemática nacional y por el contrario, dará paso a la pérdida de representatividad de las provincias pequeñas y beneficiará a las grandes provincias y poderes económicos.
Por su parte Hatari Sarango, vicepresidente de la Fenocin, hizo un llamado al «No» a todas las preguntas propuestas por el mandatario, a las que consideró «mañosas» y «neoliberales».
Dijo, además, que las preguntas «no resuelven la salud, la educación, la situación económica, la seguridad».
Respecto a la pregunta de garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione y controle a los servidores que la conforman, Sarango indicó que la Constitución ya permite la autonomía de la Fiscalía, y manifestó que también la Constitución vigente en el país garantiza los derechos de la naturaleza, por lo cual no tendría sentido el contenido de la consulta.
Más de 13 millones de votantes están convocados a las urnas el 5 de febrero para este ejercicio democrático, al cual se somete el gobierno de Guillermo Lasso en medio de bajos índices de aceptación a su gestión y de la investigación de una trama de corrupción por la presunta venta de cargos y contratos en el sector público.
