En un comunicado, en el que resalta que colaboró «voluntaria y abiertamente» con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés y autor de la investigación), Lasso ha reiterado que cumple la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.
«Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura», ha incidido, antes de defender que es «de conocimiento público» que su patrimonio, accesible en la declaración de bienes presentada ante la Contraloría General del Estado, es «fruto» de su trabajo «de toda la vida» en el Banco Guayaquil.
«Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado lo impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mejores contribuyentes a título personal en el país», ha sostenido, remarcando que su inversión en el Banco Guayaquil está estructurada a través del Fideicomiso GLM, una entidad «cien por ciento» ecuatoriana y administrada por una compañía de fondos y fideicomisos supervisada por las autoridades competentes».
«Todas mis inversiones que realicé en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la ley», ha remachado el mandatario ecuatoriano.
Una investigación del ICIJ publicada el domingo muestra cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Lasso tienen activos en paraísos fiscales.
Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades. En el caso de Lasso, cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.
