Miembros de las fuerzas de seguridad de Ecuador tras unos enfrentamientos entre bandas en una cárcel de Guayaquil - Marcos Pin/dpa
Las bárbaras imágenes recorrieron el mundo a través de las redes sociales: cabezas apiladas y reclusos jugando con ellas, cuerpos mutilados a hachazos, otros calcinados en una hoguera…
Para algunos, esta violencia exacerbada obedece a la penetración de los cárteles del narcotráfico a través de diferentes pandillas locales, y para otros es evidencia del fracaso de un Estado que no ha enfrentado los problemas más graves de sus ciudadanos, sobre todo de los sectores más vulnerables.
«Lo que sucede no puede ser abordado solo desde una lógica de la seguridad. El sistema penitenciario no es más que una caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad. El sistema penal se ha convertido en una máquina deshumanizante, generadora de presos», dice a la Agencia Sputnik el coordinador jurídico de la Fundación Dignidad y miembro de la Alianza contra las Prisiones, Roberth López.
En 2009, los 67 centros penitenciarios del país tenían un total de 11.500 reclusos, y en la actualidad albergan a cerca de 40.000, con un hacinamiento de alrededor del 30 por ciento, según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Esto indica que la población carcelaria más que se triplicó en apenas 12 años.
López señala que muchas personas son enviadas a prisión «sin tener acceso a abogados mínimamente decentes y jueces independientes y comprometidos con la aplicación estricta de la ley».
Desde 2019, el Gobierno adoptó sucesivos estados de excepción para afrontar la crisis, pero no lograron frenar las masacres ni los negocios de bandas criminales, que venden en las prisiones alimentos, medicinas, insumos médicos y de higiene. También cobran por llamadas telefónicas e incluso por el derecho a permitir atención médica o tener un espacio en un pabellón.
Uno de los grandes responsables de la crisis es el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), dice a la Agencia Sputnik el analista Daniel Pontón, del Instituto de Altos Estudios Nacionales.
«Hubo una serie de malas decisiones u omisiones irresponsables. Conmueve ver la inoperancia, sobre todo del Gobierno de Moreno, que incumplió recomendaciones de una serie de organismos, entre ellos la Corte Constitucional», señala.
El experto añade que el actual Gobierno de Guillermo Lasso, por su parte, falló en constatar la gravedad del problema, y cuando tomó decisiones ya era demasiado tarde: volvían las masacres.
En el mundo carcelario, comprar una bolsa de papas fritas, una botella pequeña de agua y hasta un caramelo puede ser carísimo. Todo es comerciado por las pandillas.
Quienes no pueden costear los servicios o la protección de esas mafias pueden terminar en la «cuarentena», como se conoce a un cuarto pequeño donde decenas de presos están hacinados y deben dormir en el suelo.
Familiares de reclusos, para evitarlo, hacen todo lo que sea necesario desde fuera para conseguir recursos y pagarle a las mafias. Algunos incluso prestan servicios como sicarios.
Abogados de reclusos comentan que reciben los mensajes de sus defendidos a través de WhatsApp y no por medio de las cabinas telefónicas que existen en los centros carcelarios puestos por el Estado. Enviar esos mensajes también tiene su costo.
«Todo es cotizado y aprovechado en el marco de las economías ilegales de las cárceles», explica López. «En la economía de las cárceles un grupo siempre busca posicionarse en medio de la dinámica de establecer quién es el más fuerte, igual que sucede en la economía fuera de las cárceles».
López cita datos del Centro de Etnografía Disciplinaria Kaleidos, que dan cuenta de que un solo pabellón puede generar entre 10.000 y 15.000 dólares por semana.
Esas cifras corroboran una de las causas de la lucha por el control de los pabellones, pero también evidencian la corrupción de funcionarios a diversos niveles.
«Alguien va a tener que dar la cara y responsabilizarse desde el punto de vista político por las muertes. Sin justicia, con impunidad, no hay paz», advierte Pontón.
No ha habido nuevas masacres desde la de noviembre, en la que murieron 68 personas, pero nada garantiza que no se repitan.
«Hay que estar muy vigilantes sobre el tema penitenciario y tener una visión muy crítica sobre los cumplimientos e incumplimientos. Debemos plantearnos una reestructuración total del sistema carcelario, con una administración moderna desde el punto de vista de la gestión, sin improvisación, con capacidades técnicas y con verdaderas políticas de rehabilitación», destaca Pontón.
Para López, las más de 300 personas asesinadas en 2021 dan cuenta de un Estado que no ha sabido dar soluciones a problemas estructurales, a los problemas de los sectores más vulnerables, en donde se genera la violencia que luego va a las cárceles.
«Estamos en un Estado cuyas instituciones han quedado obsoletas y en algunos casos corroídas, y deberíamos empezar a rediseñar desde la sociedad civil lo que queremos, sin dejar todo al Gobierno de turno para que vea el problema con una visión solo de seguridad, cuando el problema implica muchas complejidades», sostiene.
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