Según ha informado la Fiscalía General del Estado, hasta 735 noticias de delitos se desprenden de los sucesos que sacudieron el país entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 en el marco del paro nacional reivindicado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) como un levantamiento indígena en respuesta a la eliminación de los subsidios a los combustibles decretada por Moreno.
Del total de estos casos, ocho se investigan como casos de fuero de Corte Nacional y apuntan a autoridades como el expresidente Moreno y los exministros de Gobierno María Paula Romo y de Defensa Oswaldo Jarrín.
Asimismo, de acuerdo a un informe de la Comisión de la Verdad que promovió la Defensoría del Pueblo los incidentes dejaron 123 violaciones al derecho a la integridad personal, así como 38 violaciones al derechos a la libertad personal, según recoge el periódico ecuatoriano ‘El Universo’.
El informe indica también que hubo 22 atentados contra el derecho a la vida, 20 lesiones oculares, seis ejecuciones extrajudiciales y tres casos de violencia sexual.
Tras la violencia de las protestas de octubre de hace dos años, Moreno reculó en la decisión de la eliminación de los subsidios a los combustibles. La CONAIE conmemoró el paro el martes con un acto en el que denunció que se está «configurando un escenario similar» en la actualidad debido al reciente incremento de los precios de los combustibles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país durante las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre, concluyendo que la respuesta inicial del Estado ante las movilizaciones generó «actos de protesta» que, «en determinados casos, fueron reprimidos mediante el uso excesivo de la fuerza».
