También es el primero en ir a juicio político desde que comenzó a regir la Constitución de 2008, firmada en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí (occidente), con el ascenso al poder de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa, entre 2007 y 2017.
Desde 1932 a la fecha se han realizado en este país suramericano tres juicios contra presidentes, pero solo dos fueron destituidos: Neptalí Bonifaz (1932) y Juan de Dios Martínez Mera (1933), mientras en 1962 se salvó de la censura el entonces presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, según el dato histórico recogido por el diario local El Universo.
En el caso de Abadala Bucarám, fue destituido en 1997 de la Presidencia por el entonces Congreso, ahora Asamblea Nacional, pero no mediante juicio político.
La legisladora Jhajaira Urresta, de la bancada opositora Unión por la Esperanza (UNES, izquierda), señaló a la Agencia Sputnik que el juicio político es un mecanismo constitucional y democrático que permite resolver a través de la vía institucional grandes conflictos sociales.
«No es golpismo, ni desestabilización. Así como el presidente puede hacer uso de la ‘muerte cruzada’, la Asamblea Nacional tiene la competencia constitucional de fiscalizarlo y controlarlo», señaló.
En un comunicado oficial, la administración de Lasso señaló que el proceso es un nuevo intento del Legislativo, entre tantos en menos de dos años, por desestabilizar al paí.
En tanto, la bancada del oficialista Movimiento CREO (derecha) lo calificó de «show político» montado por UNES, el Partido Social Cristiano (PSC, derecha) -que rompió una alianza electoral con CREO- y disidentes de Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik (PK, izquierda) con el objetivo «de llegar a Carondelet (sede del Gobierno) por la puerta de atrás»
Lasso insiste en que se trata de un intento de «golpe parlamentario» y ha advertido con activar la «muerte cruzada» en caso de no tener los votos para salvarse de la censura.
Esa herramienta, registrada en el artículo 148 de la Constitución de 2008, otorga la facultad al mandatario de la república de disolver el órgano parlamentario y posteriormente convocar a elecciones anticipadas.
Esta no es la primera vez que el gobernante está a las puertas de un proceso de destitución: en junio de 2022 se salvó de otro por 12 votos a su favor, en el contexto del paro nacional de 18 días protagonizado por el movimiento indígena y social, que derivó en represión y disturbios con seis muertos y 335 heridos.
EL JUICIO POLÍTICO
A las 10:00 hora local (15:00 GMT) de este 16 de mayo comenzará la primera sesión de este juicio político, en la cual los legisladores interpelantes Viviana Veloz, de UNES, y Esteban Torres, del PSC, tendrán dos horas para exponer los argumentos acusatorios sobre la base de las pruebas actuadas en el proceso.
Posteriormente, Lasso tendrá tres horas para su defensa ante los 137 integrantes del Legislativo, y una vez que concluya su exposición, las partes tendrán una hora para las respectivas réplicas.
Al finalizar las exposiciones, se dará paso al debate para que los diputados expongan sus argumentos durante 10 minutos sin derecho a réplica, y al concluir este, se suspenderá la sesión para que en un plazo de cinco días el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convoque a otra sesión para la votación final.
En caso de que existan 92 votos a favor de la censura y destitución del presidente, el vicemandatario Alfredo Borrero tendrá que asumir la primera magistratura hasta 2025, en que concluye el período de mandato para el cual fue electo el actual gobierno.
PRESUNTO PECULADO
El delito que se le imputa al presidente Lasso se fundamenta en un contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers, para la transportación del crudo ecuatoriano, el cual habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.
Tanto el mandatario como su equipo de defensa alegan que el contrato cuestionado fue firmado en 2018, dos años antes de que llegara al Gobierno, en mayo de 2021.
Sin embargo, la legisladora Veloz, quien encabezó la comisión legislativa que investigó las denuncias del caso conocido como «El Gran Padrino» sobre una presunta red de corrupción en empresas públicas, presentó la copia del contrato renovado en 2022 con una cláusula que imposibilita al Estado su terminación.
Los documentos y audios revelados por el medio digital local La Posta, que dieron paso a este proceso, señalaron entre los implicados al empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, así como un amigo de este, el también empresario Rubén Chérrez, asesinado tras la denuncia del caso, y al exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, quien además fuera exfuncionario del Banco de Guayaquil propiedad de la familia de Lasso.
Para la diputada Urresta, el presidente designó a Luque Lecaro en el cargo sin que tuviera la experiencia o capacitación para ello y le otorgó -mediante el decreto ejecutivo 163- «poderes casi plenipotenciarios» para el manejo de las empresas estatales Petroecuador, Flopec, la Corporación Eléctrica Nacional (CNEL) y la (Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que en su conjunto manejan un presupuesto anual de 13 millones de dólares.
«La Posta difundió audios donde se escucha a Luque Lecaro afirmar que recogía 150.000 dólares mensuales como resultado de sus actividades ilícitas. También se escucha a Rubén Chérrez -amigo íntimo de Danilo Carrera- mencionarle que del dinero recogido se debe entregar mensualmente 30.000 dólares a «Danilo», señaló Urrestra.
Recordó además que el vicealmirante Jhony Estupiñán, exgerente de Flopec, denunció las irregularidades en la empresa, en febrero y en marzo de 2022 a través de misivas dirigidas al presidente Lasso para solicitarle una audiencia a fin de informarle sobre indicios de las afectaciones a la empresa estatal.
«Sin embargo, jamás fue recibido. Al contrario, cuando (Estupiñán) denunció las irregularidades identificadas en Flopec, principalmente por el perjuicio económico causado contra el Estado por el contrato con la empresa de buques Amazonas Tankers, fue removido del cargo, por decisión expresa de Luque Lecaro», indicó.
Apunta que a ello se suma el hecho de que Lasso tuvo conocimiento de un informe elaborado por el exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, con indicios de corrupción en empresas públicas, pero no tomó acción al respecto.
«¿Cómo pensar que Lasso no sabía de aquello o no sospechó al menos, si, según las bitácoras del Palacio de Carondelet, (Luque Lecaro) visitó al primer mandatario aproximadamente 40 veces, además de formar parte de los gabinetes presidenciales ampliados?», se cuestionó la diputada.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha señalado que no existe una sola prueba sobre el delito de peculado por el cual se le pretende juzgar al Jefe de Estado y que la «muerte cruzada» sigue sobre su escritorio, pero admitió que el presidente le debe una explicación al país.
Tanto la Iglesia Católica como la Organización de los Estados Americanos (OEA) han pedido llegar a un acuerdo para proteger la democracia y dar las garantías al mandatario en el proceso que inicia, mientras unos 100 autobuses ingresaron esta madrugada a Quito con manifestantes que apoyarán a Lasso.
