La vicepresidenta electa de Ecuador, Verónica Abad
«Con tres votos a favor y dos votos salvados se aprueba el proyecto presentado por el magíster Joaquín Viteri Llanga», declaró el secretario del órgano electoral, que celebró este lunes una sesión extraordinaria por más de dos horas.
Viteri fue el juez electoral encargado de elaborar la sentencia en segunda instancia; el magistrado validó en todos sus términos el primer fallo, emitido por su colega Guillermo Ortega, logrando una sentencia firme contra Abad.
Los dos votos salvados corresponden a jueces que argumentaron su divergencia, al considerar que no existe suficiente prueba para sancionar a la vicepresidenta.
Según la sentencia de Ortega, se le suspenden los derechos políticos a Abad por el plazo de dos años y la funcionaria deberá pagar una multa de 30 salarios básicos unificados (de 470 dólares), equivalentes a 14.100 dólares.
Además, la vicepresidenta deberá publicar una disculpa pública a la canciller en un periódico de circulación nacional, asumiendo la responsabilidad por el cargo de violencia política de género que se le imputa.
Abad había demandado por esa misma causa a Sommerfeld, al presidente Daniel Noboa, a su asesora presidencial, Diana Jácome, y al ahora exministro de Gobierno Esteban Torres.
Estos funcionarios manifestaron su rechazo a que Abad reemplazara a Noboa durante su ausencia temporal del cargo para participar en la campaña electoral por su reelección en 2025, al considerarla un riesgo para la democracia.
Posteriormente, Sommerfeld y Jácome denunciaron a la vicepresidenta por violencia política de género, sin que prosperara la denuncia que presentó Abad con antelación.
Desde Turquía, a donde llegó para cumplir su segunda misión en el exterior, la vicepresidenta señaló que la suspensión de sus derechos políticos no es equiparable a una remoción del cargo.
«Suspender derechos políticos no equivale a destituir. Una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional», escribió Abad en su cuenta de la red social X.
La jerarca apuntó que el TCE no puede cesar a una autoridad electa por voto popular, porque esa competencia está reservada a la Asamblea Nacional de Ecuador, que tiene la potestad de promover un juicio político para tal fin.
«Suspender mis derechos políticos no es igual a destituirme del cargo encomendado por el pueblo en urnas para cumplir mi función natural y propia que es reemplazar al presidente en su ausencia», aseveró.
Abad y Noboa se distanciaron previo a la segunda vuelta de las elecciones anticipadas de 2023, cuando su fórmula ganó la Presidencia para completar el periodo de Guillermo Lasso (2021-2023), quien aplicó la «muerte cruzada» para disolver el parlamento unicameral y llamar a las urnas.
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