El secretario general de la Asamblea Nacional de Ecuador advierte a Noboa por una posible violación constitucional

«Constitucionalmente a quien le corresponde asumir es a ella (Abad). Si se llega a posesionar Cynthia Gellibert como presidenta encargada, podrían derivar en problemas legales de índole constitucional y penal, tanto para ella (Gellibert) como para el mandatario Daniel Noboa», afirmó Muñoz en declaraciones a la prensa local.

Mediante el decreto presidencial número 500, Cynthia Gellibert fue designada para ocupar la Presidencia durante los próximos días, en los cuales se presume que hará campaña electoral, según adelantó la legisladora Valentina Centeno, de la bancada del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, centro derecha).

Días antes, también mediante decreto ejecutivo, el mandatario nombró a Gellibert como «vicepresidenta constitucional» hasta el próximo 22 de enero o hasta que Abad viaje a Turquía para cumplir nuevas funciones en el exterior como colaboradora de las relaciones comerciales entre ese país y Ecuador.

Muñoz ratificó que el Legislativo «no reconoce una ausencia temporal del cargo, ni un abandono del mismo por parte de Abad» y recordó que el miércoles la Asamblea Nacional devolvió al mandatario el decreto ejecutivo 500, con el cual encargó la Presidencia a Gellibert.

Afirmó que corresponde a Abad asumir la Presidencia durante la ausencia temporal del mandatario, según lo dispone el artículo 146 de la Constitución.

El funcionario consideró que el presidente debería tomar licencia sin sueldo durante todo el periodo electoral y no por unos pocos días, de acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia.

El jueves, también Abad se pronunció desde un hotel en Quito, donde denunció que en las próximas horas se consumará un «golpe de Estado» planificado por Noboa cuando encargue la Presidencia a Gellibert.

Abad reiteró que está preparada para reemplazar a Noboa y descartó ir a Turquía al afirmar que le corresponde asumir la Presidencia; también llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que haga respetar la institucionalidad democrática de la vicepresidencia de Ecuador.

Sin embargo, el Gobierno interpretó que no es obligatorio que el presidente ni sus legisladores tomen dicho periodo de licencia, lo cual, según juristas, representa una afrenta a la carta magna y podría acarrear sanciones para quienes infrinjan las normas, incluso una eventual destitución del jefe de Estado.

Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 9 de febrero, fecha en que serán escogidos el nuevo binomio presidencial, así como los 151 integrantes del Legislativo y los cinco representantes al Parlamento Andino.

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