«Es un clima electoral, yo diría, signado por tres características: de miedo a la inseguridad, el pesimismo por la situación económica y de desconfianza en las instituciones y la clase política en general», dijo a la Agencia Sputnik el profesor en la Universidad Internacional SEK, Santiago Cahuasquí.
De mantenerse la tendencia, a fines de este año el número de víctimas fatales podría superar las más de 4.603 muertes violentas reportadas en 2022, que marcaron un récord para el país.
En lo que va de 2023, el promedio diario de muertes es de 19,6. Y si esa media se mantiene, a final de año podría haber unos 7.150 asesinatos, con una tasa de 39 casos, una de las más altas de la región, alertó el diario digital Primicias.
En el año 2022 las estadísticas cerraron con 25 muertes por cada 100.000 habitantes, pero 2023 podría terminar peor.
En consecuencia, a la vuelta de 2025 el país podría convertirse en el país más violento de la región, según pronostican expertos locales basados en la tendencia del fenómeno.
La campaña electoral no ha estado exenta de hechos violentos, desde ataques verbales entre candidatos o contra ellos, hasta el atentado contra una organización política cuando inauguraba su centro de campaña electoral, y el asesinato de un candidato.
A causa de ello el presidente, Guillermo Lasso, estableció mediante decreto presidencial un nuevo estado de excepción para territorios donde continúa alto el índice de muertes violentas.
Mientras transcurre el proceso electoral, la violencia no ha cesado tampoco en las cárceles, lo cual obligó al gobierno a establecer un nuevo estado de excepción por 60 días para el sistema penitenciario del país a fin de intentar retomar el control de la situación.
VIOLENCIA Y ELECCIONES
Luego de que el presidente Guillermo Lasso firmara el pasado 17 de mayo el decreto que activó la «muerte cruzada», con lo cual disolvió el Parlamento y ordenó llamas a elecciones anticipadas, la violencia no ha cesado en el país y ya deja varias víctimas en el contexto político electoral.
«La violencia, la criminalidad, sigue como si nada. Las bandas de delincuentes y criminales siguen haciéndole frente al Estado de tú a tú», señaló el profesor Cahuasquí.
En lo que va de campaña se han registrado varios asesinatos a políticos o candidatos, un fenómeno que ha enrarecido el proceso democrático previsto.
Entre los hechos violentos registrados está el crimen de Rider Sánchez, candidato a integrar el Parlamento; también el del concejal de la provincia de Esmeraldas, Jairo Olaya, y el más reciente crimen al alcalde de Manta, Agustín Intriago, y hace pocas horas.
El alcalde del cantón Durán (provincia de Guayas, suroeste), Luis Chonillo, salió ileso de un ataque con armas de fuego en el que fueron asesinadas otras dos personas, y más recientemente la gobernadora de la provincia de Los Ríos (sur), Connie Jiménez, salvó su vida de un ataque contra su habitación poco después de llegar a su casa.
Hasta ahora 6 de los 8 candidatos presidenciales aceptaron contar con seguridad personal para resguardar sus vidas durante sus actividades proselitistas, según confirmó el Consejo Nacional Electoral.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que al iniciar oficialmente la campaña electoral para los andidatos a la Asamblea Nacional (Palamento unicameral), al menos 28 ciudadanos solicitaron escolta para proteger sus vidas en esta etapa.
ACUERDO DE PAZ DESDE LA CÁRCEL
El decreto presidencial de estado de excepción que alcanza a todos los centros de privación del país entró en vigor tras la más reciente masacre registrada en la llamada Penitenciaría del litoral, ubicada en Guayaquil (Guayas) que dejó un número impreciso de asesinados.
La Fiscalía General del Estado informó del hallazgo de 31 muertos al interior del penal pero la Policía Nacional del Ecuador informó que se contabilizaron 11 cadáveres y 29 piezas de restos humanos.
Simultáneamente a esos sucesos, en otros 23 centros carcelarios de los 36 que existen en el país los internos realizaban una huelga de hambre y en varias de estas instituciones al menos más de un centenar de guías penitenciarios permanecían retenidos por los reclusos, posteriormente liberados.
En medio de la medida de excepción presentó su renuncia al cargo, Guillermo Rodríguez, quien admitió en entrevista con el canal Ecuavisa la falta de implementos para que los agentes de seguridad puedan hacer su trabajo .
Apuntó que el SNAI recibió este año 30 millones de dólares y ya se ha ejecutado el 46 por ciento del presupuesto y resaltó entre los proyectos de inversión la adquisición de escáneres por 18.700 millones de dólares.
Rodríguez refirió el persistente hacinamiento en las cárceles, pese a esfuerzos del gobierno, debido a que existen al menos 10.000 internos que esperan por una sentencia.
Según el Censo Penitenciario de Ecuador, concluido este año, 31.319 personas privadas permanecen recluidas en 36 centros de privación de libertad.
Sin embargo, lo inusitado ocurrió cuando alias «Fito», un recluso señalado como líder de un grupo delincuencial «Los Choneros», hizo un alocución desde la penitenciaría para informar de un «acuerdo de paz» entre las bandas y entregar armas de fuego para manifestar su disposición de cooperar para la pacificación de las cárceles y las calles.
Entre los que ofrecieron la «rueda de prensa» desde la cárcel se encontraba un agente de la Policía Nacional con su uniforme, tras lo cual el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que efectivamente era un efectivo, presionado a aparecer en ese contexto y ratificó que nadie está autorizado a negociar con delincuentes.
En un hecho similar, otros delincuentes, presuntamente de la banda «Los Tiguerones», se pronunciaron a través de un video circulado en redes, en el cual anunciaron su adhesión al «acuerdo de paz» y entregaron armas, en presencia del director de la cárcel de Esmeraldas (norte).
Uno de los aspirantes a llegar al Palacio de Carondelet (sede del Ejecutivo) , Fernando Villavicencio, denunció un intento de intimidación por parte de desconocidos que le dejaron un mensaje entre sus acompañantes, luego que él hiciera público su rechazo a que los criminales den ruedas de prensa.
Según un parte policial, el mensaje a Villavicencio decía: «Es la última vez que tu candidato toca el nombre de Fito, la próxima le vamos a dar a él y a todos los que están con él».
Ante este panorama, Cahuasquí aseguró que no ve condiciones para que las elecciones se desenvuelvan en un ambiente de absoluta garantía respecto a la seguridad.
«Son elecciones atípicas, sin garantías respecto a la seguridad», concluyó el catedrático.
