El Ministerio de Exteriores de Ecuador trasladó el pasado martes una nota diplomática a la Embajada de Honduras en Quito, que se ha hecho oficial este jueves, y en la que se recuerda que Correa está sentenciado por la Justicia por cohecho agravado.
Así, el Gobierno ecuatoriano ha transmitido «su más enérgica protesta por la referida invitación» al expresidente, «prófugo de la Justicia ecuatoriana y sobre quien recae una sentencia condenatoria en firme a ocho años de prisión», según recoge el diario ‘El Comercio’.
Desde Quito se ha recordado que la «prevención y lucha contra la corrupción» deben ser «responsabilidad» de todos los Estados, por lo que el Ejecutivo ecuatoriano espera que entre ambas administraciones «primer la cooperación en contra de este flagelo».
La presidente hondureña, Xiomara Castro, recibió el pasado miércoles a Correa en lo que desde Tegucigalpa ensalzaron como «una muestra más del interés de personalidad internacionales de conocer el plan del gobierno».
Más tarde, y en alusión al contexto que vive la nación centroamericana, Correa afirmó que los problemas de Honduras son altamente semejantes a los que enfrentaba Ecuador cuando él asumió la Presidencia en 2007, según una publicación en redes sociales de la Secretaría de Prensa hondureña.
Correa fue condenado en abril de 2019 a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación para cargo público por el Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador al considerar que era culpable del delito de cohecho. Correa fue sentenciado junto a otras 16 personas, alguna de las cuales había formado parte de su Gobierno.
Es el caso del que fuera vicepresidente, Jorge Glas, quien ya cumplía una pena de seis años de prisión desde 2017 por un caso de soborno en el que estaba detrás la constructora brasileña Odebrecht, con un amplio historial de casos de corrupción en todo el continente sudamericano.
Según la Fiscalía de Ecuador, entre 2012 y 2016, varios funcionarios del Estado, así como empresarios privados, formaban parte de una trama corrupta en la cual se facilitaban contratos de obras públicas a cambio de dinero.
