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Una familia estadounidense de origen cubano demandará a Meliá por un hotel en Cuba

Una familia de origen cubano notificó oficialmente a Meliá Hotels su intención de demandarla en los tribunales de EEUU por operar un hotel en Cienfuegos, Cuba, que le fue expropiado hace casi 60 años a raíz de la Revolución cubana, según informó a Efe su abogado Andrés Rivero.

Este letrado, que representa a los descendientes de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano y propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando sucedió la expropiación, demandó este lunes a funcionarios cubanos que se lucraron con el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además lo notificó a la compañía española.

La cadena hotelera ha reiterado que sus negocios en Cuba se ajustan a la legalidad y que no es propietaria de ninguno que pueda ser expropiado por ciudadanos de EEUU. Meliá esgrime que no es propietaria “de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960”. En un comunicado la semana pasada señaló que, “de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros”.

La familia Mata ha podido interponer esta acción judicial a raíz de la reciente entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 por una decisión del Gobierno de Donald Trump. En virtud de ese título, los ciudadanos estadounidenses (principalmente de origen cubano) pueden presentar demandas ante los tribunales del país contra quienes se benefician de propiedades confiscadas en Cuba tras la Revolución de 1959, y pedir indemnizaciones por daños y perjuicios.

El título III estuvo suspendido hasta el pasado 2 de mayo porque todos los presidentes estadounidenses anteriores a Trump desde Bill Clinton (1993-2001) decidieron no activarlo para evitar problemas en organismos internacionales y con otros gobiernos.

Según recoge la agencia española, Meliá es mencionada en la acción judicial presentada por los Mata, pero todavía no está demandada, pues Rivero ha optado por la fórmula de notificar y dar un plazo de 30 días para que la empresa compense económicamente a los demandantes.

En caso de que no lo haga y la demanda siga su curso, la cuantía de la compensación podría triplicarse, indicó el abogado, quien dijo que ha enviado ya la notificación a las sedes corporativas de Meliá en EEUU, España y Cuba.

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Americaeconomica.com

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