LATAM Airlines pondrá fin a los contratos de 31 aviones con ocho firmas arrendadoras y acreedores, entre los que se encuentra BNP Paribas de Brasil, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior de Panamá, entre otros.
Así se ha hecho saber tras la tercera audiencia de la compañía desde que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Durante la cita, el juez James Garrity ha aprobado 25 mociones presentadas previamente por la aerolínea, incluso cuatro solicitudes que tenían objeción, a falta de la firma de los documentos oficiales, según recoge el periódico chileno ‘Diario Financiero’.
Otro de los puntos importantes en el proceso está relacionado con la cancelación de los contratos adquiridos con los arrendadores que tenían unidades de los fabricantes Airbus y Boeing.
En el escrito judicial se incluye la devolución de aviones, motores, equipos relacionados y documentos de registros relacionados a los contratos rechazados y se especifica que «la estipulación es efectiva desde la fecha de solicitud hasta el 24 de julio de 2020 o, según corresponda, hasta que el equipo de la aeronave se devuelva a las contrapartes».
La lista de aviones de esta moción se conforma con tres modelos de Boeing y el resto de Airbus. Con esto, LATAM se compromete a «continuar llevando y manteniendo el seguro de casco y responsabilidad civil» de las unidades alquiladas.
Respecto al pago de salarios, se autoriza, pero no se obliga, a los deudores a «pagar cualquier obligación a sus exempleados», así como «cualquier obligación futura que exceda el límite de prioridad sin una orden adicional de este tribunal».
«Los deudores están autorizados, pero no están ordenados, a pagar las obligaciones y/o cumplir con sus obligaciones salariales y de beneficios para los empleados despedidos, de acuerdo con sus políticas establecidas y en el curso normal de los negocios, incluidos los montos adeudados a partir de la fecha de petición e independientemente de si tales obligaciones o pagos excederían el límite de prioridad legal establecido», explica.
Esto permite que la aerolínea desembolse las indemnizaciones equivalentes a 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros) correspondientes de 2.000 trabajadores que fueron despedidos antes y durante el proceso de reorganización iniciado el pasado 26 de mayo.
Las indemnizaciones laborales se reparten en 500.000 dólares (443.301 euros) en Chile, 550.000 dólares (487.686 euros) en Uruguay, 250.000 dólares (221.675 euros) en Perú, 20.000 dólares (17.734 euros) en Colombia y 15.000 dólares (13.300 euros) en España y Estados Unidos, respectivamente.
La empresa explica que en todos los países en los que opera existe un marco temporal legalmente establecido y está llegando a su fin. «El incumplimiento oportuno de estos requisitos podría someter a los deudores a sanciones administrativas y regulatorias, así como a posibles acciones de cobro por parte de los exempleados en los tribunales de empleo locales», señala LATAM, y avisa de que «los posibles costos, la interrupción y la carga de estos posibles procedimientos supera con creces el modesto costo de la reparación solicitada».
Después de esta cita, están fijadas la reunión de acreedores para el 16 de julio, y la audiencia general previa al juicio para el día 30 del mismo mes. A esa fecha le siguen dos audiencias más, ya pautadas para el 19 de agosto y el 23 de septiembre.
