La desaceleración económica se mantiene en América Latina y el Caribe, el PIB crecerá al 0,5% en 2019

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) espera que durante 2019 el crecimiento económico de la región mantenga una trayectoria descendente, debido a un contexto internacional con mayores incertidumbres y complejidades, y a un débil comportamiento de la inversión, las exportaciones y el consumo.

Así lo señala el informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019, dado a conocer hoy por la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa realizada en Santiago de Chile.

Según el reporte, la región crecerá este año solo un 0,5%, cifra inferior al 0,9% anotado en 2018. Este desempeño es atribuido a los efectos de un debilitamiento sincronizado de la economía global, lo que ha implicado un escenario internacional desfavorable para la región. Asimismo, en el ámbito interno, el bajo crecimiento se debe al poco dinamismo exhibido por la inversión, las exportaciones y a una caída del gasto público y del consumo privado.

A diferencia de años anteriores, en 2019 la desaceleración será generalizada y afectará a 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe. En promedio, se espera que América del Sur crezca 0,2%, América Central 2,9% y el Caribe 2,1%.

“La región enfrenta un contexto externo con mayores incertidumbres y complejidades crecientes: menor dinamismo de la actividad económica mundial y del comercio global; mayor volatilidad y fragilidad financiera; cuestionamientos al sistema multilateral y un aumento en las tensiones geopolíticas”, señaló Alicia Bárcena.

De acuerdo con el Estudio Económico 2019, el espacio fiscal se ha visto restringido por niveles de ingresos insuficientes para cubrir el gasto, lo que deriva en déficits y en un incremento en el endeudamiento en los últimos años. Además, los efectos de la creciente volatilidad cambiaria y de las mayores depreciaciones limitarían la posibilidad de los bancos centrales de la región para profundizar políticas de estímulo a la demanda agregada, a lo que se suma el hecho de que los condicionantes estructurales acentúan la vulnerabilidad externa y no ayudan a dinamizar el crecimiento (estructura exportadora centrada mayormente en bienes primarios y caída tendencial de la productividad).

Según la CEPAL, se requiere expandir el espacio de políticas para hacer frente a la desaceleración y contribuir al crecimiento económico, con medidas tanto en el área fiscal, como en la monetaria y relacionadas con la inversión y la productividad.

En materia fiscal se necesita reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos, impulsar la adopción de impuestos a la economía digital, medioambientales y relacionados a la salud pública, y reevaluar los gastos tributarios para alinearlos hacia la inversión productiva.

En el área monetaria, se necesita promover el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad cambiaria y de precios, mientras que en materia de inversión y productividad es imprescindible elevar la participación de los sectores intensivos en conocimientos en la estructura productiva, por medio de un papel más activo de la inversión pública y privada; reorientar las inversiones hacia los sectores de mayor dinamismo; y adoptar políticas de estímulo que tengan impactos en términos de innovación, aprendizaje y empleos de calidad.

La segunda parte del Estudio Económico 2019 analiza los cambios estructurales ocurridos en el sistema financiero internacional en los instrumentos y agentes con posterioridad a la crisis global de 2007-2008, desde la perspectiva de la región.

El informe plantea que el mercado de bonos ha ganado importancia relativa respecto al sistema bancario. También muestra que se han intensificado los niveles de concentración, interconectividad y prociclicidad. Además el nivel de endeudamiento global se generaliza y registra niveles récord (320% del PIB), en un contexto de bajo crecimiento.

Con el fin de hacer frente a estos desafíos se plantea, por una parte, ampliar y estandarizar el espectro de los indicadores de vulnerabilidad. Por otra parte, se trata de avanzar hacia una regulación macroprudencial más amplia y homogénea que abarque no solo al sector bancario formal sino a todos los agentes financieros –incluyendo el sector bancario en la sombra- así como a los distintos instrumentos, indica el documento.

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