Una crisis de confianza que erosiona las expectativas de muchos latinoamericanos que esperan mejoras en el ejercicio de sus derechos y en el plano económico cataliza las protesas en la región, opinaron expertos convocados por la UNESCO este lunes en Montevideo.
El panel «Gobernabilidad democrática y justicia», celebrado con motivo de la reunión regional por los 70 años de presencia de la UNESCO en América Latina y el Caribe, buscó encontrar un hilo conductor a las protestas que surcan el continente, reconociendo al mismo tiempo las especificidades de las movilizaciones según los países.
Sergio Fausto, director ejecutivo de la Fundación Fernando Henrique Cardoso de Brasil, destacó que en América Latina se produjeron procesos paralelos de «creación de expectativas», por un lado materiales y por otro de «igualdad de derechos, clásicos y nuevos derechos».
En un contexto económico adverso, se produce una «frustración de expectativas (…) en términos materiales, y sentimiento de injusticia, porque en período de ‘vacas flacas’ es más visible que pese a la revolución democrática quedaron privilegios que generan ‘bronca’ (rabia) social».
«Esta crisis de confianza democrática se interseca con un panorama económico caracterizado por bajo crecimiento y desigualdad persistente», notó de su lado Michael Camillieri, del centro de estudios Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
Las «mayores expectativas ciudadanas» coexisten con una situación de bajos recursos de los gobiernos, una combinación que coadyuva al descontento, explicó Camillieri.
Fausto señaló de su lado que uno de los desafíos principales de los sistema políticos latinoamericanos en este tiempo es «crear nuevos espacios para que nuevos liderazgos puedan surgir y encausar esa energía social».
En este sentido, señaló que en Chile «la (discusión sobre una) nueva Constitución es una oportunidad de generar nuevo consenso democrático en la sociedad».
El Congreso chileno llegó a un histórico acuerdo el mes pasado para convocar en abril de 2020 a un plebiscito en el que la sociedad chilena decidirá si quiere una nueva Constitución que sustituya la actual, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras semanas de violento estallido social.
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