El número de personas con inseguridad alimentaria grave en América Latina y el Caribe podría dispararse a casi 14 millones durante este año por el impacto socioeconómico de la pandemia de coronavirus, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que cuadruplica los datos registrados a finales de 2019.
En 2019, 3,4 millones de personas se enfrentaban a inseguridad alimentaria severa, lo que supone para quienes la sufren no poder cubrir sus necesidades tanto en cantidad como en variedad. El dato podría dispararse en 2020 hasta los 13,7 millones, según el informe, elaborado a partir de datos de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y pequeños Estados insulares del Caribe.
Solo en Haití, puede haber 700.000 personas más afectadas por esta situación, hasta un total de 1,6 millones, mientras que entre los venezolanos emigrados en Colombia, Ecuador y Perú la cifra pasaría de 540.000 a más de un millón. También empeora el contexto en el Corredor Seco de Centroamérica, donde la inseguridad alimentaria severa afectaría a tres millones de personas, casi el doble que en 2019.
El director del PMA para América Latina y el Caribe, Miguel Barreta, ha llamado a «evitar que la pandemia COVID-19 se convierta en una pandemia de hambre», considerando que aún «estamos a tiempo» de paliar los posibles efectos colaterales de la emergencia sanitaria.
«Es vital y urgente que prestemos asistencia alimentaria al creciente número de personas vulnerables en la región, así como a aquellos que dependen de un trabajo informal», ha alertado Barreta, en un comunicado en el que la agencia ha recordado que la economía latinoamericana se contraerá de media este año un 5,3 por ciento.
«Trabajando juntos, podemos minimizar el riesgo de inseguridad alimentaria y proteger a los países y comunidades más vulnerables de los efectos potencialmente devastadores de la pandemia», ha añadido Barreto, cuya organización ha reclamado más apoyo a programas de protección social para que llegue también a migrantes y personas sin empleo formal, entre otros grupos vulnerables.
El PMA, que ha adaptado sus operaciones para seguir trabajando de manera segura durante la pandemia, llegó en 2019 con sus programas a un total de 5,1 millones de personas vulnerables con transferencias monetarias y alimentos.
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