El presidente de BRasil, Jair Bolsonaro
El Congreso de los Diputados de Brasil ha aprobado este lunes un auxilio económico de 89,6 billones de reales (unos 15.700 millones de euros) para ayudar a los estados y municipios del país durante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus, con el enfado del Gobierno, que no descarta el veto del presidente, Jair Bolsonaro.
Con 431 votos a favor y 70 en contra, la medida prevé ayudar durante los próximos seis meses a los estados y municipios ante las pérdidas de recaudación de impuestos de bienes y servicios.
Brasil ha registrado hasta el momento 1.328 muertes, después de las 105 últimas confirmadas en las últimas 24 horas. El número de casos confirmados de coronavirus es de 23.430. Sao Paulo y Río de Janeiro son los estados con mayores cifras de positivos y víctimas de todo el país.
Antes de llegar al Senado para su votación, el Congreso todavía deberá analizar posibles nuevos cambios del texto base, ya que existen algunos puntos que continúan en fase de desarrollo.
ECONOMÍA DICE QUE ES UNA «IRRESPONSABILIDAD FISCAL»
Por su parte, desde el Gobierno no se han mostrado muy satisfechos con esta propuesta ya que según el ministro de Economía, Paulo Guedes, supone un «cheque en blanco» para los estados más ricos.
De acuerdo con Guedes, recomponer en su totalidad las pérdidas de los estados y de los municipios «sería una irresponsabilidad fiscal y un incentivo perverso, un cheque en blanco para los gobernadores de los estados más ricos».
«El gran peligro del texto está en el diseño de la compensación en forma de seguro. El mecanismo genera un gran incentivo para el descuido de las recaudaciones estatales y municipales», ha defendido el ministro, según ha contado la cadena Globo.
Guedes ha explicado que, entre otras medidas, los estados deberían revisar sus excepciones tributarias y transferir fondos a otras entidades del Gobierno para compensar la caída de los ingresos.
El ministro de Economía ha asegurado que están dando a estados y municipios más de 20.000 millones de euros y pueden dar más, pero «sin garantizar los impuestos sobre bienes y servicios, porque los propios gobernadores controlan estas pérdidas».
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