El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un crédito de 300 millones de dólares (unos 267 millones de euros) a Chile para que el país mejore las rentas e ingresos de las personas más vulnerables, así como una mayor suficiencia de los sistemas de pensiones solidarios, una mejora en la disponibilidad de medicamentos por menor coste, una mejor eficiencia del gasto público y la calidad del proceso de formulación presupuestaria.
Esta es la primera de dos operaciones independientes en apoyo a reformas de política, aunque técnicamente vinculadas entre sí, e incluye un componente que apunta a asegurar la estabilidad macroeconómica.
La acción beneficiará a dos millones de personas vulnerables y trabajadores que reciben transferencias del Estado para complementar sus ingresos, así como a 1,5 millones de jubilados, a través del aumento de las pensiones solidarias.
El programa apoyará transferencias monetarias a beneficiarios de subsidios sociales y hogares pertenecientes al 60% de hogares más vulnerables, y de un subsidio al ingreso de trabajadores asalariados formales de bajos ingresos.
La iniciativa también apoyará la consolidación del Sistema de Intermediación Laboral, promoviendo el uso de la Bolsa Nacional de Empleo por parte de las oficinas municipales de intermediación laboral a efectos de mejorar la atención a trabajadores vulnerables para acceder a empleos.
Del mismo modo, el programa apoya el aumento en los niveles de pensión del sistema de pensiones solidarias, tanto como la evaluación y mejoras en el acceso a información sobre el funcionamiento del sistema de pensiones contributivo.
La propuesta promueve medidas para el fortalecimiento de la eficiencia técnica del gasto público, en particular el desarrollo de una política de Estado que mejore la transparencia, control y rendición de cuentas a la ciudadanía, la implementación de sistemas y herramientas de monitorización y evaluación, y la mejora del proceso de formulación presupuestaria. En ese sentido, contribuirá igualmente a la eficiencia y ahorros en las contrataciones de bienes y servicios por parte de los organismos públicos.
