El Gobierno de Argentina ha realizado una ampliación presupuestaria de en torno a 337.000 millones de pesos argentinos (4.620 millones de euros) como consecuencia del coronavirus Covid-19 en el país y los gastos que implica, según un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial del país.
En concreto, se incrementarán en 267.000 millones de pesos (3.659 millones de euros) el presupuesto para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; en 19.000 millones de pesos (260 millones de euros) el destinado al Ministerio de Salud; en 37.000 millones de pesos (507 millones de euros) el del Ministerio de Desarrollo Productivo, y en 3.500 millones de pesos (47 millones de euros) la cuantía para el Ministerio de Desarrollo Social.
Otros 10.000 millones de pesos (137 millones de euros) irán al Ministerio de Obras Públicas y 1.100 millones de pesos (15 millones de euros) a los Ministerios de Seguridad y de Defensa.
El decreto prevé una prolongada modificación presupuestaria en la que se establecen incrementos en 200 millones de pesos (2,7 millones de euros) en el Ministerio de Relaciones Exteriores para reforzar los recursos para la repatriación de argentinos en el extranjero, y se incorpora un crédito a favor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la reducción de gastos reservados, de los cuales 88 millones de pesos (1,2 millones de euros) serán destinados al Ministerio de Salud.
El Ejecutivo argentino planea atender estos incrementos con un incremento del cálculo de la recaudación, a fin de adecuarla a la evolución prevista en el primer semestre del corriente ejercicio, en 113.000 millones de pesos (1.548 millones de euros) y con las rentas de la propiedad por importe de 385.000 millones de pesos (5.277 millones de euros).
El decreto explica que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio han tenido un impacto «considerable» en el normal funcionamiento de la economía y la sociedad, lo que llevó a que el Ejecutivo argentino desplegara medidas de protección económica y social para suavizar la caída en el nivel de la actividad económica, proteger la viabilidad de las empresas y el empleo y, por tanto, el ingreso familiar.
El texto añade que a estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago de bonos especiales para los sectores más vulnerables de la población y a los sanitarios o fuerzas de seguridad, además de una serie de medidas destinadas a contrarrestar el incremento de gastos en las familias y empresas, como son la congelación de las tarifas y la suspensión temporal por falta de pago de los servicios públicos, la congelación de los alquileres o el pago en cuotas de los saldos en las tarjetas de crédito.
