El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán
El Gobierno de Argentina ha decidido prorrogar el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) en el mes de junio debido a la profundidad de la crisis económica derivada del coronavirus, apostando por una transición «más suave», según recogen los medios locales.
Sin embargo, el Ejecutivo reducirá la asistencia destinada a las empresas, según la vicejefa del Gabinete, Cecilia Todesca. De este modo, se ha resuelto dividir el país en dos zonas, Dispo (llamadas así porque en estas existe una baja propagación del virus) y Aspo (Aislamiento social, preventivo y obligatorio), que incluye a la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Resistencia, entre otros distritos.
En las 19 provincias en las que se retomó la actividad, las empresas que soliciten la asistencia financiera recibirán como máximo un salario mínimo vital y móvil, que supone unos 16.875 pesos (213 euros) por trabajador.
«Allí hay un nivel de recuperación bien alto, son las zonas que no están afectadas. Es la misma cantidad de ayuda, pero se reduce el importe», sostiene Todesca en declaraciones recogidas por ‘La Nación’.
En las zonas más afectadas, la ayuda será de hasta dos salarios y hay, además, una tercera variable que incluye a los sectores más críticos como teatros, hostelería y turismo, que no pudieron comenzar a ejercer su actividad. En estos sectores, la asistencia será de hasta dos salarios mínimos en todo el país. Un total de 4,5 millones de trabajadores cobraron el auxilio del Estado en los meses de abril y mayo.
Todesca también ha informado que se extenderán los créditos a tasa 0 para los autónomos hasta finales de julio. En la reunión participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Ponto; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
El pasado mes de abril, la Administración de Alberto Fernández anunció un decreto por el cual el Estado se haría cargo de hasta el 50% de las nóminas de los trabajadores de las empresas que han entrado en crisis tras el estallido de la pandemia del Covid-19.
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