El presidente de Argentina Alberto Fernández entra a su oficina en la Casa Rosada luego de la ceremonia de asunción en el Congreso, el 10 de diciembre de 2019 en Buenos Aires
Argentina se enfrentará el próximo miércoles 22 de abril a otro día clave en la agenda para la negociación de deuda, puesto que se producirá el vencimiento de unos 500 millones de dólares (460 millones de euros) de los bonos globales 21, 26 y 46, que son títulos que entran en la reestructuración de la deuda del país.
El Gobierno argentino cifró en 68.843 millones de dólares (60.532 millones de euros) el valor de la deuda pública a negociar con los acreedores para su reestructuración. Esta cifra supone la cantidad nominal máxima de las operaciones de administración de pasivos, canjeos y reestructuraciones de los títulos públicos de Argentina emitidos bajo ley extranjera.
En el caso de que el Ejecutivo no pague dichos intereses en la fecha establecida no se producirá un ‘default’ oficial, puesto que el país cuenta con 30 días de gracia para hacer frente al pago, pero las calificaciones de agencias de rating sí podrían situarle en situación de impago selectivo, como ya sucedió el pasado 7 de abril, después de que el Gobierno aplazara hasta 2021 los pagos de otros bonos de deuda en dólares.
Estos vencimientos se producirán después de que el Ejecutivo argentino presentara el jueves pasado su nueva propuesta de reestructuración de deuda a los acreedores privados del país, en la que se solicitó hasta una moratoria de hasta tres años, hasta el 2023, para llevar a cabo los pagos y una reducción de hasta el 62% de los intereses.
«La propuesta conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. En concreto, una quita de capital de 3.600 millones de dólares (3.312 millones de euros), lo que supone un 5,4% sobre el stock de deuda externa y una reducción en el pago de intereses de 37.900 millones de dólares (34.871 millones de euros), que equivale a una quita de intereses del 62%», explicó el ministro de Economía del país, Martín Guzmán.
Guzmán fue contundente en la presentación de la oferta señalado que el país no está en condiciones de pagar nada. «No solo hoy, sino que durante ciertos años no podrá pagar nada y con el Fondo Monetario Internacional hemos coincidido en que tiene que haber una fuerte reducción», detalló.
La reestructuración de la deuda ha sido una de las prioridades del Gobierno de Fernández desde que asumió el poder del pasado 10 de diciembre, después de la crisis desatada en 2018, donde Argentina quedó al borde de la suspensión de pagos.
El anterior presidente argentino, Mauricio Macri, solicitó al FMI un megacrédito de 56.300 millones de dólares, de los cuales sólo se recibieron cerca de 44.000 millones después de que Fernández, tras asumir la jefatura del Estado, decidiera rechazar los préstamos restantes ya que fueron utilizados sin control por el antiguo gobierno y destinados a «financiar la fuga de capitales».
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