El Ejecutivo, que a través de la ley 418, aprobada en 2022, tiene facultades para entablar negociaciones con estos grupos, está dialogando con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y busca la desmovilización de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el Gobierno pretende también sentarse a conversar con el Clan del Golfo, uno de los varios grupos armados que dominan algunas zonas del país, en especial las de producción y tránsito de cocaína.
Según el especialista en seguridad, Alejandro Vargas, docente de la Universidad Nacional de Colombia, la propuesta de «paz total» impulsada por Petro modificó y fortaleció las intenciones de administraciones anteriores para poner fin al conflicto armado.
«La paz total, dese el inicio del Gobierno, fue expuesta como una política central y estratégica. Al comienzo tuvo mucho debate e interpretaciones, porque había falta de comprensión y en la medida en la que se ha avanzado se entendió que, efectivamente, tenía un objetivo fundamental con el que difícilmente alguien no está de acuerdo: acabar con todas las violencias. Ese fue un cambio importante a diferencia de otros gobiernos», aseguró Vargas a la Agencia Sputnik.
TODOS A LA MESA
El especialista agregó que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por ampliar la participación de diferentes sectores sociales, políticos y culturales en estos procesos, habrá quienes aún no sienten representación en la política y reclamarán atención.
Un claro ejemplo de la apertura de posibilidades y recepción de ideas es el ingreso a la mesa de negociaciones con el ELN de uno de los mayores críticos de Petro y representante de la derecha colombiana, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie.
«Parece haberse dado un interés del Gobierno de vincular diversos sectores, pero siempre habrá quienes no se sientan que están representados, pero sí ha habido una intención del Gobierno» en que la representación sea lo más amplia posible, manifestó el académico.
COHERENCIA
Precisamente, Lafaurie se manifestó días atrás luego de secuestros de miembros de la fuerza pública y algunos atentados realizados por el ELN, instando al grupo guerrillero a reconsiderar este tipo de acciones y evitar entorpecer las negociaciones.
«Este es el escenario que yo he calificado como «lógica del terror». Estoy seguro que la sociedad colombiana no está dispuesta a aceptar todos estos hechos de violencia como preludio de un acuerdo de paz, de un cese de hostilidades. Debe haber más coherencia entre lo que se discute en la mesa de diálogo y lo que finalmente los frentes de guerra del ELN terminan por hacer en los territorios», dijo Lafaurie en un comunicado.
Sin embargo, Vargas advirtió que uno de los mayores retos de Petro será alcanzar el máximo nivel de cumplimiento y efectividad, porque al Colombia registrar más de 60 años de conflicto armado interno es difícil lograr el fin definitivo del conflicto en los cuatro años de Gobierno.
«El objetivo de la política es loable, la mayoría de las personas lo compartimos, pero hacerlo realidad en cuatro años de Gobierno va a ser muy difícil y es probable que lo que tengamos al final sean resultados con algunos grupos, seguramente con el ELN y disidencias, pero no con todos», vaticinó el especialista.
CESE AL FUEGO
Entre tanto, Wisman Díaz, docente investigador y coordinador académico del programa de Derecho de la Fundación Universitaria San Mateo, aseguró que un punto vital para definir la viabilidad o no de la continuidad del proceso de paz con el ELN será el inicio y desarrollo del cese al fuego bilateral pactado el pasado 6 de julio, que comenzó el jueves y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024.
«Frente al cese al fuego, se van a generar comisiones y protocolos para su verificación, por lo que es muy importante que se respete el acuerdo. Hay regiones en donde no solamente hay presencia del ELN, sino de otros grupos, por eso el Gobierno debe estructurar un lineamiento para que lo pueda cumplir con el ELN, pero que permita combatir a los otros grupos», comentó a esta agencia el docente.
Sumado a ello, Díaz puntualizó que si bien es interesante analizar la política actual, no se pueden desconocer políticas previas que se mantienen, como el proceso de implementación del acuerdo firmado entre el Estado y las FARC en 2016.
«Aún estamos en el proceso de implementación y hay que seguir avanzando en ello. Debemos considerar el aumento del fenómeno del narcotráfico en los últimos años y es importante que se siga fortaleciendo la cooperación internacional para combatirlo. En cuanto a búsqueda de personas desaparecidas, hay políticas regionales para generar mayores espacios de búsqueda y se ha visto reforzada con parámetros desde el Gobierno Central, lo que ha permitido obtener resultados positivos», dijo Díaz.
Según datos de la Agencia Rural de Reincorporación, al 30 de junio de 2023, un total de 14.084 personas fueron acreditadas por el Estado para su desmovilización de las FARC en 2016 y, actualmente, 12.138 están en proceso de reincorporación.
En cuanto a la estabilización económica, 95 por ciento de los firmantes están bancarizados y gozan de una renta básica por parte del Estado. En el último año, esta población ha recibido recursos por 120.000 millones de pesos colombianos (unos 30 millones de dólares). Además, han sido aprobados 5.576 proyectos productivos por $100.000 millones de pesos (25 millones de dólares).
En este contexto, un informe publicado en marzo por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), revela que si bien durante 2022 la fuerza pública redujo 36 por ciento sus acciones contra grupos armados ilegales, «estos continuaron enfrentándose entre sí y ejerciendo presión sobre las comunidades, con graves consecuencias humanitarias en muchas regiones».
Precisamente, durante el primer semestre del actual Gobierno (agosto 2022 – enero 2023), se registraron 37 enfrentamientos entre grupos armados ilegales, la cifra más alta desde 2016.
