Se trata de la tercera denuncia que oposición y grupos de Derechos Humanos envían al TPI. En esta última se han incluido otro millar de casos de violencia excesiva ejecutada por las fuerzas del orden desde el pasado 7 de junio. Desde el 28 de abril, detalla Cepeda, han sido documentados y enviados «cerca 3.950 casos».
«Hay una impunidad evidente, hay una intimidación víctimas y familiares y una persecución contra aquellos que organizaron esta movilización social. No se ha investigado a los superiores jerárquicos y todo ha terminado en autores materiales y o en la justicia penal militar», ha denunciado Cepeda.
En el escrito se habla de episodios de tortura, retención ilegal, violencia sexual, agresiones físicas, homicidios y desapariciones forzadas. «En la Fiscalía General de la Nación hay una estrategia de ocultamiento» denuncia, al mismo tiempo que señala que «en los pocos casos» en los que se ha abierto una investigación, «no existe independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales».
«No existe ninguna línea de investigación de la Fiscalía de Colombia por hechos de tortura, pese a la abrumadora evidencia que muestra que ésta fue una práctica sistemática contra los manifestantes», denuncian Cepeda y estas organizaciones de Derechos Humanos en su escrito al TPI.
«Hacemos un llamamiento a que el nuevo fiscal del TPI, Karim Khan, quien estará de visita en Colombia, que interpele y solicite información a las autoridades competentes» sobre estos «crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la protesta social», ha demandado Cepeda a través de un vídeo en su perfil de Twitter.
