Protestas contra el Gobierno de Colombia celebradas en Bogotá, bajo una pintada que hace referencia al número de 'falsos positivos'. - DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
«Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad, responder a la presión por bajas como fuera», ha contado la magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del llamado macrocaso 03, uno de los al menos seis que la Fiscalía anunció que presentaría.
Estas once personas están imputadas por crímenes de guerra, entre ellos el de asesinato de persona protegida, de lesa humanidad y el de desaparición forzosa entre 2007 y 2008 en la convulsa región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, detalla el diario ‘El Espectador’.
Además del general Paulino Coronado, quien fue el comandante de la Brigada 30, han sido imputados a su vez los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; los tenientes coroneles Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón; y el mayor Juan Carlos Chaparro.
La lista la completan el capitán Daladier Rivera Jácome y el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, antiguos oficiales de Inteligencia, así como el sargento segundo Sandro Mauricio Pérez, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez y el civil Alexander Carretero Díaz, por su papel como colaborador.
La JEP reveló en febrero su estrategia para esclarecer estos hechos y explicó que para el departamento de Norte de Santander, donde se han contabilizado el 82 por ciento de las víctimas entre 1999 y 2008, abordaría los hechos ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.
La JEP ha identificado dos patrones durante estas ejecuciones extrajudiciales. Por un lado, «el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en base a prejuicios», y por otro, recalca, «una suerte de sofisticación criminal», que consistía en reclutar a las víctimas de otros territorios para matarlas en Catatumbo y «reportar su muerte como baja en combate».
Entre las víctimas hay personas con discapacidad mental, supuestos consumidores de drogas, pero, sobre todo, líderes sociales y campesinos y políticos locales.
Entre las pruebas aportadas hay una decena de informes de organismos estatales, organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, 41 versiones y declaraciones aportadas por los propios uniformados, desde soldados hasta generales, así como observaciones de los afectados, inspecciones judiciales, análisis de documentos oficiales del Ejército, entre programas de operaciones, misiones, actas de pagos de recompensas y levantamiento de cadáveres.
Los últimos datos de la JEP cifran en 6.402 los civiles asesinados a manos del Ejército de Colombia para hacerles pasar por guerrilleros abatidos desde 1988, por los 2.248 que había contabilizado la Fiscalía. La mayoría de estos crímenes, según el tribunal de paz, habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, coincidiendo con los primeros seis años de mandato de Álvaro Uribe.
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