«He firmado el presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos, tal como se presentó al Congreso de la República y tal como ordena la Constitución nacional. En el decreto de liquidación se expresará cuáles partidas de funcionamiento e inversión se aplazarán en el 2025, mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso», afirmó Petro en su cuenta de X.
El decreto 1523 de 2024 mantiene el monto total del presupuesto propuesto originalmente, pero ajusta partidas debido a la falta de aprobación de los ingresos adicionales que debía generar la reforma fiscal.
Este presupuesto desfinanciado obliga al Gobierno a identificar, antes del 31 de diciembre de 2025, las partidas que se reducirán en gastos de funcionamiento e inversión.
Como parte de las medidas inmediatas, el Ministerio de Vivienda anunció la suspensión de subsidios de vivienda para sectores vulnerables, destacando el impacto directo del rechazo a la reforma tributaria en las políticas sociales.
La decisión de firmar un presupuesto desfinanciado es inédita en la historia reciente de Colombia y genera incertidumbre sobre los recortes que podrían afectar sectores clave como educación, salud e infraestructura.
El Gobierno ha señalado que buscará nuevas fuentes de financiación para cerrar la brecha presupuestaria y responsabilizó a sectores ilegales vinculados a juegos de azar por influir en la decisión legislativa que bloqueó la reforma tributaria.
El presupuesto tuvo que ser expedido por decreto, después de que las Comisiones Económicas del Congreso tampoco aprobaran el proyecto inicial.
Ante esta situación, el presidente Petro ha declarado una ruptura en las relaciones del Gobierno con estas células legislativas.
