La gestión del presidente Gustavo Petro, que prometió un cambio estructural en la materia, ha sido golpeada por grandes escándalos, y la percepción de los ciudadanos sobre la respuesta institucional a estos casos es cada vez más negativa.
Colombia había mostrado una ligera mejora en el IPC en 2018, y alcanzó su mejor puntuación en 2023 (con 40 puntos), pero luego consolidó una tendencia de estancamiento y deterioro.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, organización que elabora el índice, dijo a la Agencia Sputnik que aunque la variación en el puntaje no es estadísticamente significativa, sí lo es la tendencia.
«El índice es altamente sensible a los escándalos, y sobre todo a la respuesta institucional. En Colombia seguimos viendo escándalos de gran magnitud sin soluciones de fondo, lo que genera la percepción de que el país no cuenta con los instrumentos adecuados para enfrentarlos», afirmó.
Cuando Petro asumió en 2022, su discurso anticorrupción generó expectativas. La promesa de desmantelar redes de corrupción y mafias enquistadas en el Estado fue bien recibida, pero la falta de medidas preventivas y la mala gestión de los escándalos han erosionado la confianza pública.
Uno de los casos más graves es el que involucra a altos funcionarios del Gobierno en el desvío de fondos millonarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de contratos irregulares y de sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira (norte).
A esto se suma la denuncia sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Petro, que llevó a investigaciones contra su círculo más cercano y generó dudas sobre la transparencia de su llegada al poder.
La lista puede seguir: el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones también ha estado bajo la lupa por presuntos sobrecostos en contratos de conectividad para colegios rurales, hecho que pone en entredicho la gestión de los recursos públicos destinados a la educación.
Por otra parte, la estatal Ecopetrol, principal compañía petrolera del país, ha sido blanco de críticas por la contratación de empresas sin la debida supervisión y las supuestas irregularidades en procesos de licitación.
El sector salud tampoco ha estado exento de controversias, con denuncias sobre presuntos sobornos y manejos irregulares en la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, los cuales han provocado un fuerte rechazo popular, y han encendido las alertas sobre la presunta intención de privados de apropiarse de la gestión del sistema.
EL RETO
«El gobierno Petro no ha logrado posicionar la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica, y eso se refleja en el índice», señala Hernández.
Pero la persistencia de la corrupción en Colombia no solo responde a la falta de voluntad política, sino también a las debilidades estructurales en el sistema de control: la congestión judicial impide que muchos casos de corrupción avancen con rapidez, lo que fomenta la impunidad.
Además, las irregularidades en la financiación de campañas y la ausencia de controles efectivos sobre la contratación pública siguen facilitando el desvío de recursos.
Por otro lado, los organismos de control como la Contraloría y la Fiscalía han mostrado deficiencias en la efectividad de sus investigaciones y sanciones.
«En teoría, el diseño del sistema de control en Colombia es sólido, e incluso algunos analistas consideran que tenemos un exceso de entidades de control. Sin embargo, en la práctica, el impacto real de estas instituciones es insuficiente», señaló el especialista.
Hernández enfatiza tres aspectos clave que deben fortalecerse, empezando por «un sistema judicial que, además de ser independiente, debe ser eficiente en el procesamiento de casos de corrupción. En Colombia, aunque el sistema judicial es robusto, enfrenta serios problemas de congestión. Muchos casos de corrupción se quedan en etapa de indagación y no avanzan», explicó.
En segundo lugar, según el experto, es fundamental «una reforma política de fondo» que tenga como objetivo «reducir las oportunidades de corrupción en la política», lo cual incluye mejorar los controles a la financiación de campañas, exigir mayor responsabilidad a los partidos políticos y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
«En tercer lugar, sigue habiendo muchas oportunidades para el desvío de recursos en la contratación pública. En particular, los regímenes especiales, los fondos extrapresupuestales y las excepciones en la ley de contratación son áreas con altos déficits de transparencia y control», afirmó.
En diciembre de 2024, la administración Petro lanzó la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, pero con solo año y medio de mandato restante, su implementación sugiere que las reformas llegarán tarde o tendrán un alcance limitado.
Además, el contexto político juega en contra. Con la entrada en un nuevo año electoral, «el aumento de transacciones políticas y prácticas clientelistas podría elevar los riesgos de corrupción en la asignación de recursos y la ejecución del presupuesto», advirtió Hernández.
Ante este panorama, Hernández enfatiza la importancia del papel de la ciudadanía y de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción. «La indignación no debe ser pasajera. Es fundamental que la sociedad exija rendición de cuentas y que se garantice la libertad de expresión y el acceso a la información pública», señaló.
Para el experto, la corrupción sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de Colombia, donde el reto es garantizar que las promesas se traduzcan en acciones concretas.
«Sin las medidas necesarias, la confianza en el gobierno y en las instituciones seguirá en declive, alimentando la percepción de que la corrupción es un mal endémico sin solución a la vista», concluyó Hernández.
