América Latina es, según el informe elaborado por la ONG, ‘Defendiendo el mañana’, la región más afectada por estas prácticas contra los derechos de los pueblos indígenas y los defensores medioambientales, con tres de cada cuatro casos de agresión registrados en lugares como Colombia, Guatemala, Brasil, o México.
«Esta ‘casa grande’ está muriendo lentamente por todo el daño y la deforestación que se le está haciendo. La flora, la fauna, el acceso al agua y a los sitios ancestrales están devastados», ha denunciado la representante de la colombiana Fuerza Mujeres Wayuu, Angélica Ortiz, durante la presentación del informe.
Si bien el estudio revela que muchas de las víctimas fueron atacadas mientras protegían ecosistemas particulares, la mayoría de ellas, el 71 por ciento, lo hicieron por defender grandes extensiones de bosque de la deforestación, la extracción ilegal de recursos y el desarrollo fraudulento de la industria, mientras que otros fueron asesinados por defender ríos, océanos y zonas costeras.
«Existe una presión enorme sobre estos ecosistemas para establecer, sobre todo, terrenos agrícolas y ganaderos; hay una competencia por la tierra muy fuerte», cuenta la autora del informe, Laura Furones, quien recuerda que la defensa del medio ambiente es una labor que compete «a todos», también a los gobiernos, a quienes pide «legislar» para «salvar el territorio que nos protegerá de la crisis climática».
El estudio cuenta que las comunidades indígenas y originarias, que apenas representan el 5 por ciento de la población mundial, son los grupos más expuestos a esta violencia, mientras se erigen también como las más efectivas en la defensa de estos espacios.
En 2020, más de un tercio de los defensores asesinados pertenecían a estas minorías. Además de los países de Latinoamérica mencionados, Filipinas, así como Arabia Saudí e Indonesia, que entran por primera vez en este listado, fueron los lugares en donde más se repitieron estos casos.
Por otro lado, cuenta que las mujeres son también uno de los colectivos más expuestos, pues aunque solo representan uno de cada diez asesinatos en 2020, ellas están expuestas a otro tipo de violencias de carácter sexual, que históricamente no han sido registradas.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha puesto de relieve, denuncia el informe, la desprotección de las comunidades indígenas, quienes no solo han tenido que seguir haciendo frente a estos ataques, sino también al abandono de las autoridades.
Los confinamientos han aumentado la vulnerabilidad de estos grupos, quienes durante el último año han sido asaltados y asesinados en sus propios hogares.
Por segundo año consecutivo, Colombia ha vuelto a ser designado como el país más peligroso para llevar a cabo labores de defensa del medio ambiente. En 2020 han sido asesinadas 65 personas, sobre todo en las regiones de Cauca, Chocó, y Norte de Santander, por sus trabajos en defensa de la tierra, o la sustitución de cultivos ilícitos, aunque también por luchar contra la extracción ilegal de minerales, la construcción de carreteras.
El informe denuncia que la falta de autoridad estatal ha propiciado que los grupos paramilitares y las organizaciones criminales hayan aumentado su control territorial, impuesto a través de la violencia contra las comunidades rurales.
Estos grupos, quienes se disputan las rutas y los réditos del narcotráfico, han marcado su objetivo en los cultivos ilícitos, incluidos en los programas de sustitución de los acuerdos de paz de 2016 que el Gobierno ratificó con la desaparecida guerrillas de las FARC.
«Estos políticas han resultado en un aumento de las amenazas de organizaciones criminales y paramilitares dirigidas a las comunidades rurales por su apoyo o participación en programas de sustitución de cultivos ilícitos», denuncia el texto, que cifra en 17 los ataques letales por este motivo.
Ante este aumento de los ataques, una veintena de estados han aprobado el conocido como Acuerdo de Escazú, con el que «se busca combatir la desigualdad y la discriminación, además de garantizar los derechos de cada persona a un medio ambiente saludable y sostenible», sin embargo no se ha llegado al mínimo de once ratificaciones para que entre en vigor.
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