Colombia cumple una semana al rojo vivo

Las protestas comenzaron en todo el país el 28 de abril tras la presentación en el Congreso una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Iván Duque, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo. Pero las movilizaciones continúan para exigir otras medidas, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció a los colombianos la buena noticia de que el Gobierno ha «invitado al Comité Nacional del Paro a analizar los temas esenciales para el país». La mala noticia es que el encuentro será sólo hasta el próximo lunes, mientras que la crisis requiere una solución inmediata.

Por si ello fuera poco, las diferentes organizaciones que hacen parte del Comité Nacional del Paro consideran que las bases no están dadas para hablar aún con el Gobierno, ya que exigen como primera medida que se retire de las calles al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, al que acusan de desapariciones, asesinatos y persecución de manifestantes.

«En las calles lo que se ha exacerbado es una violación a los derechos humanos frente a la movilización social. Así que mientras siga habiendo Esmad en las calles, asesinatos, detenciones arbitrarias y persecución, consideramos que no hay condiciones para el diálogo y no debe proceder una negociación con el Gobierno», dijo Aleida Murillo, encargada de la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep), en diálogo con Sputnik.

La activista añadió: «Si nos sentamos a la mesa con el Gobierno sería para pedir que todo eso se retire, pero no entraríamos a negociar de lleno, porque no es viable sentarse a hablar con un Estado que está asesinando y reprimiendo al país».

COLOMBIA EN EL OJO INTERNACIONAL

Según la Defensoría del Pueblo, desde el 28 de abril hasta la fecha se han contabilizado 24 muertos en medio de las protestas, mientras que la ‘Campaña defender la libertad, un asunto de todas’ asegura que al menos 112 personas han sido heridas «por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad».

Tales hechos tienen a Colombia en el ojo de la comunidad internacional, a tal punto que el martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía colombiana en las manifestaciones.

La situación más violenta se ha presentado en Cali (suroeste), donde en la noche del lunes «la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas», dijo en Ginebra (Suiza) Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A su vez, las organizaciones sociales han reportado que más de 170 personas están desaparecidas, mientras que la Defensoría del Pueblo sostuvo que eran 87, de las cuales ya fueron halladas 47, según dijo este miércoles el director general de la Policía, Jorge Luis Vargas.

«La Policía Nacional está verificando ese listado y ya se han encontrado personas que estaban en otros lugares, en otras ciudades, personas que han sido capturadas por delitos», dijo Vargas en declaraciones a la prensa.

GOBIERNO DENUNCIA INFILTRACIÓN

El Gobierno sostiene que las marchas han sido infiltradas por grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico, como la guerrilla izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, que coordinan y generan actos de vandalismo con el fin de desestabilizar al país, mientras que opositores y manifestantes dicen que los desórdenes son causados por militares y policías infiltrados.

«Sabemos de primera fuente que se ha ofrecido dinero a personas para que saboteen y hagan vandalismo, y con eso justificar el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía. Le ofrecen dinero sobre todo a jóvenes, aprovechando su precariedad económica, para que causen destrozos, mientras que la mayoría de la gente se moviliza de manera pacífica», dice Aleida Murillo.

Consultada sobre la posibilidad de que las marchas estén infiltradas por el ELN y las disidencias, como lo dice el Gobierno, Murillo sostiene que se trata de un discurso viejo «que se cae por su propio peso» y que resulta conveniente para el Ejecutivo.

«Antes de la firma del Acuerdo de Paz (en noviembre de 2016), el Gobierno decía que las FARC eran las responsables de todo cuanto sucedía en el país. Ahora que esa guerrilla se desmovilizó resulta que los responsables son las disidencias y los grupos insurgentes», dice.

«Los mismos informes oficiales indican que esas organizaciones están debilitadas, pero cuando ocurre la protesta social es el mismo Gobierno el que dice que son tales agrupaciones las que generan el caos. ¿Cómo se explica esa contradicción?», añade.

La líder social va incluso más allá en las consideraciones, y asegura que entre los manifestantes existe la convicción de que el Estado actúa en barrios populares, a través de sus órganos de inteligencia, para estructurar grupos que generen disturbios, «como hizo en su momento con el paramilitarismo» bajo la doctrina de que «el pueblo es el enemigo interno, con lo cual se inmiscuye a los civiles en la confrontación».

Sea como fuere, y pese a los excesos policiales y al tercer pico de la pandemia por la que atraviesa el país, miles de manifestantes mantienen este miércoles una nueva jornada de movilizaciones convocada por el Comité Nacional del Paro.

«Sólo nos queda una opción: Manifestarnos en las calles para conseguir mejores opciones de vida pese al riesgo de exponernos ante la pandemia o padecer la pandemia en la precariedad en la que estamos», sentencia Murillo.

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