En Colombia, la desinformación electoral de la campaña presidencial ya no circula solo como cadenas digitales o de voz a voz, sino que se ha transformado en una maquinaria de páginas anónimas, anuncios políticos que no son transparentes con quién está detrás e incluso medios de comunicación creados para esparcir noticias falsas o a medias.
Según el informe de Transparencia por Colombia, basado en los registros del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, las 14 campañas que iniciaron la contienda reportaron ingresos por 84.186 millones de pesos colombianos (unos 23,18 millones de dólares) y gastos por 68.487 millones de pesos colombianos (18,86 millones de dólares), de los cuales el 71,4 por ciento fue destinado a propaganda electoral.
Ese dato, , revela el reporte, muestra que parte de la disputa política por la presidencia trasciende las calles y libra una batalla permanente por visibilizar e instalar emociones en redes sociales, terreno donde la desinformación se camufla como opinión ciudadana, noticias e incluso sátira política.
Las campañas de los máximos favoritos -los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y el oficialista Iván Cepeda- concentran el 92 por ciento de los ingresos y el 90 por ciento de los gastos reportados por todos los aspirantes.
De la Espriella informó gastos por 26.087 millones de pesos (USD 7,18 millones), de los cuales 18.836 millones (5,19 millones USD) fueron a propaganda; Valencia reportó 22.309 millones (6,14 millones USD ), con 15.756 millones (4,34 millones USD ) en ese mismo rubro; y Cepeda declaró 13.242 millones (3,65 millones USD ), de ellos 9.931 millones (2,73 millones USD) destinados a propaganda.
Aunque el alto gasto no es un delito, podría estarse alimentando un ecosistema de desinformación que ya es evidente para expertos en el tema, como el periodista Camilo Andrés García, investigador de desinformación y director de la agencia Hiperconectado, quien ha seguido ese rastro en plataformas digitales.
García aseguró a la Agencia Sputnik haber encontrado varias modalidades de desinformación a través de pauta política opaca, portales que simulan ser medios de comunicación, avatares creados con inteligencia artificial, falsos centros de pensamiento, redes anónimas de difusión e «influencers» que hacen campaña sin transparentar sus vínculos políticos o comerciales.
«La mayoría, una de ellas, usa una técnica que es utilizar las plataformas tecnológicas para pagar pauta publicitaria, y esa pauta publicitaria lo que busca, en términos generales, es desinformar o tratar de motivar la intención de voto o de modificar las opiniones de las personas a través del uso de la pauta publicitaria en las diferentes plataformas», explicó.
La desinformación sobre los candidatos puede diseñarse y ponerse a circular como cualquier producto de marketing, pero García distingue entre el activismo político y las operaciones de influencia, pues la diferencia no siempre es nítida.
Un influenciador puede exagerar, atacar o mentir desde una identidad pública y, en muchos casos, dentro de los márgenes de la libertad de expresión, pero otra cosa ocurre cuando el mensaje intenta ocultar quién habla, quién paga y con qué intención.
«En algunos casos, esas campañas de influencia son anónimas. Eso es lo primero, como una primera característica que ayuda a identificarlas, tratan de ser anónimas», señaló.
En esa zona aparecen los portales que imitan a medios de comunicación: García menciona a Noti360, una página que «parece de noticias», pero carece de trayectoria, credibilidad o reglas editoriales verificables.
Usan titulares, tono informativo y formatos reconocibles para el lector, aunque su función no sea cubrir la campaña sino intervenir en ella.
Para el experto, una publicación presentada como noticia puede llegar más lejos que una pieza de propaganda y el lector no recibe un aviso electoral, sino un contenido que confirma una sospecha previa.
Además de esto, García dice haber identificado campañas que crean supuestos ciudadanos con inteligencia artificial para simular opiniones reales.
«Esas personas ni siquiera existen, son avatares de IA», advierte. El objetivo no es solo difundir un mensaje, sino fabricar la impresión de que ese mensaje ya vive en la calle, en el comercio, en la iglesia, en el barrio o en la comunidad.
No toda la desinformación pasa por páginas web, pues buena parte circula dentro de las propias redes, adaptada a cada plataforma. En Facebook e Instagram (redes sociales prohibidas en Rusia por extremistas) abundan los ejemplos de desiformación ejecutados por la pauta; en TikTok, el contenido orgánico puede dispararse sin necesidad de grandes inversiones; en X, según García, los controles son mucho más débiles; en Telegram y WhatsApp, la verificación llega tarde o no llega.
El investigador menciona incluso una aplicación menos observada por el debate público, Kwai, a la que considera especialmente problemática por la circulación de «contenido basura» y por su lógica de monetización.
Agrega que no todos los que participan en la desinformación buscan ganar una elección, pues muchos buscan ganar dinero con el tráfico, la atención o la monetización de contenidos extremos.
García relata el caso de una cuenta en TikTok que durante años hizo montajes con inteligencia artificial y encontró en los últimos meses un nicho político con caricaturas, sátiras musicales y contenidos aparentemente humorísticos. Uno de esos videos, cuenta, mostraba una pelea al estilo del videojuego Mortal Kombat con los rostros de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Pero la lógica no es inocente: convierte la política en combate, reduce a los candidatos a personajes de entretenimiento y permite que la violencia simbólica circule como sátira. La pregunta, señala García, es dónde termina la parodia y dónde empieza la desinformación o la campaña de influencia.
Meta (prohibida en Rusia por extremista) es, para él, un caso aparte, pues tiene mecanismos de control, reglas para anuncios políticos y una biblioteca que permite revisar parte de la pauta, pero tales herramientas no alcanzan para la realidad colombiana, y en su opinión la plataforma llega a ser «irresponsable».
Citó como ejemplo «Está en nuestras manos», campaña que estuvo durante meses al aire sin descargo de responsabilidad claro, y solo fue restringida tras un escándalo mediático.
La biblioteca de anuncio de Meta puede servir a investigadores para rastrear piezas, revisar descargos de responsabilidad o estimar inversiones, pero no siempre permite saber quién financia realmente una campaña, cuánto gastó o qué intereses están detrás de direcciones falsas, celulares inexistentes o administradores ubicados en otros países.
García menciona una operación vinculada a Macedonia, activa en Colombia durante años, que habría captado datos privados de personas y usado descargos de responsabilidad con información falsa.
El dato muestra un panorama inquietante donde la desinformación electoral no necesariamente se produce dentro de Colombia ni responde siempre a una campaña reconocible: puede mezclar operadores transnacionales, intereses comerciales, vacíos de supervisión y plataformas que cobran por distribuir anuncios.
García identifica múltiples narrativas que se alimentan de los temas más sensibles del país, con ataques contra Cepeda, a quien sus adversarios presentan como heredero del comunismo o lo asocian a la guerrilla; mensajes dirigidos al voto cristiano; piezas sobre seguridad, guerrilla, paz total, mujeres, población LGBT, software electoral y la Registraduría.
En tal sentido, señaló que una operación de influencia puede tomar un caso real y convertirlo en un punto de desinformación al no lograr explicar el problema sino orientar la emoción que produce a los votantes.
La ley colombiana, según García, no parece preparada para ese terreno, pues «no hay forma legal de que exista un delito frente a lo que está pasando, y ese es uno de los principales problemas».
Los operadores políticos, dijo, sí conocen el límite de la norma: si no aparece un partido ni se pide el voto, o si el caso se presenta como causa ciudadana, la sanción se vuelve difícil, y lo mismo ocurre con la Inteligencia Artificial.
«¿Qué pasa si una campaña usa el rostro de un rival o de un expresidente en una pieza de varios minutos hecha enteramente con IA? ¿Es ficción, sátira, publicidad, propaganda o manipulación? ¿Debe advertirse al público? ¿Puede usarse la imagen de una persona para alimentar un modelo o fabricar una narrativa política?», se pregunta García
Por demás, las campañas reportan miles de millones en propaganda, las plataformas cobran por distribuir anuncios y los operadores digitales venden producción, segmentación, edición, adaptación de formatos, manejo de cuentas y análisis de audiencias.
Cuando una pieza falsa, sesgada o anónima entra en esa cadena se convierte en parte de una economía política, y «los operadores digitales y los expertos, entre comillas, el marketing se está llenando de plata», señala García.
Si la propaganda concentra más de siete de cada diez pesos declarados por las campañas, la disputa por la Presidencia no solo se disputa en plazas, debates o entrevistas, sino que se juega en agencias, estudios de edición, bibliotecas de anuncios, cuentas anónimas, videos cortos, piezas segmentadas y estrategias que el votante rara vez puede ver completas.
Para las plataformas, cada anuncio, reproducción e interacción alimenta un modelo de negocio basado en capturar atención, y la posibilidad de llegar a públicos específicos con mensajes diseñados para sus miedos o deseos representa una ventaja difícil de rechazar, advierte el experto.
El dilema de fondo, admitió, es que quienes denuncian la desinformación pueden sentirse obligadas a competir en el mismo terreno para no perder visibilidad, y al final el votante recibe el producto terminado sin conocer la cadena completa: quién diseñó la pieza, quién pagó, qué datos se usaron para dirigirla, qué agencia la produjo y qué intereses se beneficiaron de su circulación.
En resumen, la actual campaña presidencial en Colombia evidencia que el problema no es solo que circulen noticias falsas, sino que la desinformación se ha profesionalizado, y el votante carece de herramientas para enfrentar una industria que gana promoviendo un voto más apasionado que razonado.
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