«La oposición completa, unida y con convicción, presentamos esta acusación constitucional contra el presidente de la República por los gravísimos hechos revelados en la investigación periodística Pandora Papers», informó en conferencia de prensa el diputado del partido Demócrata Cristiano (centroizquierda), Gabriel Silber.
Durante la presentación del informe, el diputado del Partido Unir (izquierda), Marcelo Díaz, señaló que tomaron esta decisión «porque este es un acto de responsabilidad, y esperamos tener todos los votos de los parlamentarios de oposición».
Los diputados acusan al presidente Piñera de infringir gravemente la constitución en su deber de mantener el principio de probidad y transparencia, comprometer el honor de la nación y garantizar un medioambiente libre de contaminación.
El documento ingresó a trámite con firmas de 15 parlamentarios de los partidos: Socialista (centroizquierda), Radical (centroizquierda), Por la Democracia (centroizquierda), Comunista (izquierda), Nuevo Trato (centroizquierda), Frente Regionalista Verde Social (izquierda), Comunes (izquierda), Revolución Democrática (izquierda), Convergencia Social (izquierda), Acción Humanista (izquierda), Humanista (izquierda), Ecologista Verde (izquierda), Unir y Democracia Cristiana.
Se espera que la Cámara de Diputados vote la acusación los primeros días de noviembre, y de aprobarse y ser ratificada en el Senado, el presidente Piñera será destituido de su cargo y no podrá ocupar un puesto público durante los próximos cinco años.
El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Pandora Papers en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
El mandatario se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.
La Fiscalía decidió abrir una investigación contra el presidente Piñera bajo sospecha de los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios.
