El recurso presentado al TPI por el exjuez español Baltasar Garzón, está impulsado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, según recoge la cadena chilena Canal 13.
«Hemos decidido recurrir al TPI porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables», han apuntado las organizaciones en un comunicado.
Así, han precisado que los casos de «tortura, tortura sexual, homicidio, traumas oculares (…)», así como las «lesiones graves y las detenciones arbitrarias» que han tenido lugar durante las manifestaciones, corresponden a una «política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los Derechos Humanos».
«Mucha de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad», han agregado los demandantes, por lo que han insistido en que «no pueden quedar en la impunidad, como establece la normativa internacional de los Derechos Humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado, el 29 de junio del año 2009».
En este contexto, han apuntado a que se han incumplido las recomendaciones de organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en diciembre de 2019 llamó a reformar los protocolos del Gobierno chileno.
Según recuerdan los denunciantes, ACNUDH aludió a que Carabineros había «incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos».
«Las políticas represivas ordenadas y consentidas por el presidente e implementadas por los generales directores de Carabineros de Chile y sus altos mandos; los ministros del Interior y Seguridad Pública; ministros de Defensa, y subsecretarios respectivos, continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil», han añadido.
Por otro lado, las organizaciones han condenado también una respuesta «asimétrica» por parte del Poder Judicial, por «imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social».
«En cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha», han sentenciado al respecto.
