El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ha anunciado que tras una extensa reunión con el gremio, la cual se extendió más de cinco horas, el Gobierno ha tomado la decisión de declarar el estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa.
Delgado ha asistido al encuentro junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y su homólogo de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. Los tres han dialogado con representantes del gremio y han estudiado posibles medidas de seguridad para proteger la integridad de los transportistas, según informaciones de ‘La Nación’.
El estado de excepción durará 15 días, periodo tras el que podrá ser extendido otros 15 días más. Delgado ha anunciado, además, que se ampliará la dotación de efectivos policiales en la frontera para detener el paso ilegal de migrantes en la zona.
«La gente a Chile tiene que ingresar por la puerta ancha sincerando a qué viene y no ingresando por la ventana y mintiendo», ha señalado el ministro. Carlos Bretti, representante de los transportistas de carga, ha señalado que los camioneros prevén levantar los bloqueos ahora que se han anunciado las medidas en cuestión.
Delgado, por su parte, ha alertado de que «si siguen los bloqueos por supuesto nosotros podemos y tenemos que tomar otro tipo de medidas», si bien ha matizado que «no quiere llegar a eso».
Miembros de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) llevan días bloqueando varias carreteras en la región de Antofagasta, en el norte del país, en señal de protesta por la falta de seguridad después de que un camionero muriera el jueves.
Los camioneros habían realizado diversos llamamientos a la movilización de cara a este viernes, especialmente para realizar bloqueos en las diferentes rutas del país y así protestar por la muerte del transportista.
En este sentido, han alegado que la problemática de la delincuencia se vincula con la crisis migratoria que atraviesa el norte de Chile y han asegurado que muchos de los responsables de los asaltos son migrantes. Esta crisis migratoria y de seguridad en el norte de Chile se originó a comienzos de 2021 y afecta principalmente a ciudades cercanas a la frontera con Bolivia, a través de la cual entran miles de personas mensualmente en el país.
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