Vehículo de la Policía Federal de Tráfico (PRF) de Brasil - Europa Press/Contacto/Jose Lucena
La filtración de un informe elaborado por la Policía Federal y encomendado al COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) ha puesto bajo la lupa las finanzas del expresidente Jair Bolsonaro. El documento detalla una serie de movimientos bancarios que, según los investigadores, podrían configurar delitos de blanqueo de capitales, coacción y obstrucción judicial. La investigación abarca desde transferencias vía PIX hasta operaciones cambiarias y movimientos hacia cuentas de familiares.
Entre el 1 de marzo de 2023 y el 7 de febrero de 2024, se registraron 30 576 801,36 reales en créditos y 30 595 430,71 reales en débitos, cifras que equivalen a casi 5,5 millones de dólares.
Operaciones por casi 5,5 millones de dólares entre marzo de 2023 y febrero de 2024; transferencias millonarias a familiares y cambios inexplicables de divisas elevan los indicios de lavado de dinero y obstrucción judicial
Más del 60 % de esos fondos (unos 19,3 millones de reales) llegaron mediante 1,2 millones de transferencias vía PIX, lo que indica un uso masivo y poco habitual de este sistema de pagos instantáneos.
En mayo, Bolsonaro realizó una transferencia de 2 millones de reales (más de 365 000 dólares) a su hijo Eduardo, quien se encontraba en EE. UU. desde hacía dos meses. Esta operación, junto a otras más pequeñas en marzo y abril, sería una indicación de intento de coacción y obstrucción a la justicia, al presionar por sanciones estadounidenses contra Brasil para entorpecer el juicio.
El 4 de junio, un día antes de ser interrogado por la Policía Federal, envió otros 2 millones de reales a una cuenta de su esposa Michelle, lo que según las autoridades constituiría un intento de evitar el bloqueo de sus recursos.
Durante el mismo periodo, Bolsonaro cambió aproximadamente 106 000 reales (unos 20 000 dólares) a moneda estadounidense. Esto llama la atención porque tenía el pasaporte retenido y, por tanto, no podía salir del país.
La causa forma parte de un amplio expediente que ya ha llevado al expresidente a enfrentarse con medidas restrictivas, como la colocación de una tobillera electrónica dictada por el juez Alexandre de Moraes ante el riesgo de fuga.
Bolsonaro y su hijo Eduardo fueron acusados el pasado 20 de agosto por obstrucción a la justicia en el contexto de la causa por la trama golpista, en la que se les imputan delitos como coacción y obstrucción.
El juicio principal, por intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada, está programado para comenzar el 2 de septiembre. Las acusaciones podrían sumar más de 40 años de prisión.
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