La abogada de los galenos, Bruna Morato, ha explicado que fueron «hostilizados y amenazados» por la empresa para la que trabajaban a fin de recetar esos ocho medicamentos del ‘kit covid’, entre los que estaba la cloroquina, uno de los fármacos a los que Bolsonaro ha dedicado todo tipo de elogios durante la pandemia.
«Los médicos, sí, recibieron instrucciones de recetar el kit, que venía en un paquete cerrado y sellado. Ni siquiera tenía autonomía para sacar algunos de ellos», ha contado Morato ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), encargada de analizar la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno.
«Los médicos no tenían autonomía», ha remarcado Morato, quien ha denunciado también «manipulación de datos», «falta de transparencia en relación a los pacientes», así como «falta de respeto por la vida de las personas».
Morato ha relatado que los médicos informaban a los pacientes de que estaban obligados a prescribir este paquete formado por ocho medicamentos pues en caso contrario serían despedidos, a pesar de que algunos de ellos podrían ser incluso perjudiciales, informa la red Globo.
«Se llegó a un punto lamentable. (…) Los médicos sugirieron a los pacientes que usaran solo las proteínas que hacían parte de ese kit», ha dicho Morato, quien antes de representar a sus clientes ha tenido que defenderse de los ataques que ha recibido por llevar a cabo su trabajo. «No vine aquí para hablar de política, vine aquí para hablar de vida, de verdad, sin importar el cargo político».
La aseguradora Prevent Senior, que controla una treintena de hospitales en todo Brasil, ha estado en el punto de mira de la CPI después de que fuera acusada de haber maquillado las cifras de fallecidos durante la pandemia. Su director ejecutivo, Pedro Batista Junior, negó ante esta comisión las acusaciones y defendió que los médicos gozaban de «plena autonomía».
Sin embargo, llegó a reconocer que la empresa recomendó a los médicos modificar el CIE –la clasificación internacional que cataloga las enfermedades– de los pacientes que habían ingresado por coronavirus después de dos o tres semanas hospitalizados, lo que no solo contravendría la ética médica, sino que también podría suponer un delito de falsedad documental.
