Manifestación contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
«Lo que vivimos durante la gestión del presidente Bolsonaro fue una explícita negativa a demarcar nuevas tierras. Al mismo tiempo, proyectos de ley, decretos y ordenanzas intentaban legalizar actividades ilícitas en territorios indígenas, lo que nos dejó sin protección legal», denuncia Luiz Eloy Terena, coordinador jurídico de APIB y uno de los redactores de la denuncia.
El documento acusa a Bolsonaro de genocidio, así como de otra serie de acciones que habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental. Del mismo modo, la organización indígena defiende que el desmantelamiento de los servicios públicos de protección social y ambiental de estas comunidades provocó el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.
«Estos son hechos y testimonios que acreditan la planificación y ejecución de una política explícita, sistemática e internacional, encabezada por el presidente, Jair Bolsonaro, contra la comunidad indígena desde el 1 de enero de 2019, primer día de su mandato presidencial», señala el texto redactado por APIB al que ha tenido acceso el diario ‘O Globo’.
APIB también solicitará ante el Tribunal Penal Internacional la inculpación de Bolsonaro por un delito de lesa humanidad contra el planeta y el medioambiente, el ecocidio, mostrando para ello una serie de acciones o propuestas legislativas con las que el presidente brasileño intentó o causó daño directo a estas comunidades, a través de la invasión de sus tierras, ataques, deforestaciones, o explotaciones irregulares a través de la ganadería o la minería.
«Ya no soportamos tanto dolor. Durante la pandemia, hemos sido testigos de la muerte de decenas de indígenas del pueblo Kokama y Xavante y del exterminio del último hombre del pueblo Juma», relata la líder indígena y coordinara ejecutiva de APIB, Sonia Guajajara.
«Temo mucho por el futuro de los pueblos indígenas, ya que el daño de los últimos dos años y medio causado por el Gobierno de Bolsonaro equivale a 50 años de atraso y pérdida de derechos conquistados. Me temo que esto es irreversible. Toda esta destrucción ambiental que se está legalizando es muy peligrosa no solo para Brasil sino para todo el planeta», alerta Guajajara.
Brasil cuenta con cerca de unos 850.000 indígenas repartidos en más de 300 comunidades. El informe de 148 páginas de APIB revela que han sido seis los grupos étnicos más afectados por estas políticas del Gobierno de Bolsonaro. El pueblo Munduruki, golpeado por invasiones, contaminación y muerte; los Yanomami cuya tierra ha sido destruida por la minería; los Tikuna y Guarani-Mbya han sido diezmados por las enfermedades; mientras los Kaingang y Guarani Kaiowá, han sido objetivo de ataques y asesinatos para despojarles de su territorio.
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