Las autoridades estatales se rebelan contra Bolsonaro y no pedirán un parte médico para vacunar a los niños

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Las distintas autoridades estatales de Salud han adelantado que no cumplirán con las exigencias del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en lo que respecta a la demanda de una autorización médica previa vacunación contra el coronavirus de los menores entre cinco y once años.

El Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) ha calificado de «absurda» las exigencias del Gobierno Federal y ha señalado tras una reunión mantenida el viernes que seguirán trabajando para «facilitar la vacunación de todos los brasileños», informa el diario ‘O Globo’.

«Infelizmente, hay que cree natural que vosotros, pequeños, perdáis la vida frente al coronavirus, pero ya vencimos a la poliomelitis, al sarampión y más de veinte enfermedades inmunodepresivas. Por eso, en lugar de dificultar, estamos buscando facilitar la vacunación para todos los brasileños», dice el Conass en un comunicado.

Algunos como el gobernador de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ya han adelantado que en el estado carioca no se necesitará ningún atestado médico para que los pequeños en esa franja de edad puedan ser vacunados, tal y como viene recogido en el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia.

La exigencia de una prescripción médica que defiende Bolsonaro y su ministro de Salud, Marcelo Queiroga, podría, según algunos expertos, apartar de la vacunación aquellos niños cuyas familias tienen un acceso reducido a los sistemas de salud.

La vacunación contra el coronavirus entre los más pequeños está en el centro de la polémica en Brasil, después de que el Gobierno se haya mostrado reacio a ponerla en marcha a pesar de contar con todos los avales médicos, así como el de la agencia brasileña del medicamento (Anvisa), que dio el visto bueno al inmunizador de Pfizer.

En ese sentido, el Ministerio de Salud ha organizado una consulta popular para conocer la opinión de los brasileños acerca de la vacunación entre los más pequeños antes de tomar una decisión definitiva, que estará vigente hasta el 2 de enero, una medida que ha sido puesta en duda por expertos y autoridades médicas.

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