El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha enviado este martes la investigación de la Policía Federal sobre el supuesto intento de golpe de Estado orquestado por el expresidente Jair Bolsonaro y los suyos a la Fiscalía, que deberá decidir ahora si presenta una acusación contra los más de 30 sospechosos.
El tamaño y la complejidad de la investigación, recopilada en unas 800 páginas, hace que la posible imputación de Bolsonaro y su núcleo más cercano, entre ellos el exministro de Defensa Walter Braga Netto, no llegue, en caso de hacerlo, hasta el próximo mes de febrero de 2025, según han dicho fuentes de la Fiscalía a G1.
De Moraes ha levantado el secreto de la investigación, si bien ha mantenido, no obstante, la confidencialidad de las versiones del que fuera ‘mano derecha’ de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, en calidad de colaborador.
Entre las revelaciones de la extensa investigación, consta por ejemplo, que la Policía Federal de Brasil concluyó que Bolsonaro tenía «plena conciencia» y «participación activa» en el complot golpista, que buscaba subvertir el orden constitucional.
En este sentido, sobre los ‘borradores golpistas’ que se encontraron en el domicilio del exministro de Seguridad Anderson Torres y en la sede del PL en Brasilia, recoge que Bolsonaro recibió dichos textos, que incluían la detención de De Moraes y del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
El expresidente llegó incluso a remitir una corrección de dichos borradores. Igualmente, también habría convocado a los comandantes de las Fuerzas Armadas para presentar dicho documento con el objetivo de presionar a los militares para que se unieran al golpe.
La investigación de la Policía llegó al Supremo el pasado jueves. En ella se apunta un total de 37 personas, entre ellas el citado Bolsonaro, o el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem; el exjefe de Seguridad de la Presidencia Augusto Heleno Ribeiro; y el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.
Todos ellos están acusados de intento de golpe de Estado, cargo que acarrea penas de hasta 12 años de cárcel; pertenencia a banda criminal, con hasta ocho años de prisión; y abolición violenta del Estado de derecho, con máximas de ocho años.
La investigación apunta hacia varios hechos que se produjeron durante la campaña electoral y una vez finalizadas aquellas elecciones de octubre de 2022 en las que salió vencedor Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo triunfo Bolsonaro tardó días en reconocer mientras se intensificaban las protestas de sus seguidores.
La causa recoge una trama organizada para desinformar, atacar las instituciones y poner en tela de juicio la fiabilidad del proceso electoral, así como incitar a los militares a auparse en armas. También se investiga su financiación y el uso ilegal que se hizo de la agencia de Inteligencia brasileña.
Asimismo, incluye todo el contenido del teléfono de Mauro Cid, las revelaciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas que se opusieron a la trama y el plan destapado que incluía el asesinato del propio Lula y el vicepresidente Geraldo Alckmin.
Por otro lado, los hechos violentos del 8 de enero de 2023, si bien relacionados con esta supuesta trama para sacar al presidente Lula del poder están siendo investigados en otra causa.
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