Según informaciones de la prensa local, Braga Netto “fue arrestado en su casa de Río de Janeiro, en el barrio de Copacabana”; los agentes también realizaron registros y después le transfirieron al cuartel militar del Comando Militar del Este, en el centro de la ciudad, donde quedará bajo custodia del Ejército.
Braga Netto es general de la reserva del Ejército, fue ministro de la Casa Civil (una especie de jefe de gabinete) y ministro de Defensa con el Gobierno Bolsonaro, y en 2022 el líder ultraderechista lo escogió como su candidato a vicepresidente.
En noviembre, la Policía Federal acusó a Braga Netto, a Bolsonaro y a otros exministros y militares por haber intentado dar un golpe de Estado.
La investigación incluye la invasión a los edificios sede de los tres poderes el 8 de enero de 2023 en Brasilia y un plan para asesinar a varias autoridades, entre ellas el propio presidente Lula da Silva.
Según la policía, Braga Netto coordinó las acciones ilícitas ejecutadas por militares de las Fuerzas Especiales, los llamados ‘kids pretos’, que estaban llamados a ejecutar el plan de los asesinatos.
De hecho, llegó a entregar altas sumas de dinero escondidas en cajas de vino para financiar esas operaciones de preparación ilegales.
También intentó obtener datos secretos del acuerdo de colaboración que un ex ayudante de Bolsonaro, Mauro Cid, firmó con las autoridades para aportar información sobre el funcionamiento de la trama golpista, y además intentó controlar las informaciones que iban aportando otros investigados a la policía.
Además, su casa fue escenario de varias reuniones en las que se debatían las estrategias para impedir la toma de posesión de Lula y restringir el poder del Tribunal Supremo Federal.
En el marco de esta investigación que derivó en el arresto de Braga Netto, Bolsonaro fue acusado de delitos de golpe de Estado, abolición del Estado democrático de Derecho y pertenencia a organización criminal, cuyas penas máximas podrían sumar casi 30 años de cárcel.
Se espera que Procuradoría General de la República (la Fiscalía) decida a principios de 2025 si denuncia formalmente a Bolsonaro para que pueda ser juzgado, tras todos los indicios presentados hasta ahora por la policía.
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