La medida ha sido anunciada después de que el diario ‘O estado de Sao Paulo’ revelara que los aliados del Gobierno en el Parlamento habrían enviado cartas al Ministerio de Desarrollo Regional en las que indicaban exactamente dónde debían asignarse los recursos públicos en lo que el periódico ha llamado un «presupuesto secreto y paralelo».
Diputados opositores, así como el fiscal general adjunto del Ministerio Público del Tribunal Federal de Cuentas (TCU), han solicitado investigar las sospechas de un supuesto presupuesto paralelo de 3.000 millones de reales (unos 500 millones de euros) que el Gobierno estaría utilizando.
Las misivas enviadas al Ministerio en cuestión estarían encabezadas por el exdiputado Rogério Marinho, según informaciones del portal de noticias G1, que ha tenido acceso a las cartas.
Parte del dinero se habría utilizado para comprar tractores y equipos agrícolas a precios por encima de mercado y de la tabla de referencia del Gobierno, y también para la adjudicación de obras en las que el Tribunal Federal de Cuentas habría hallado irregularidades.
En la solicitud, el fiscal ha afirmado que el caso requiere «la actuación del Tribunal Federal de Cuentas en el cumplimiento de sus facultades constitucionales de control externo de carácter contable, financiero, presupuestario, operacional y patrimonial de la administración pública federal, a fin de determinar los actos del Poder Ejecutivo».
En el Congreso, por otra parte, ya existe una solicitud para la apertura de una comisión de investigación parlamentaria (CPI) para investigar el supuesto esquema para la creación de un presupuesto paralelo por parte del Gobierno.
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