En un momento clave para la política ambiental de Brasil, los datos de deforestación en la Amazonía vuelven a encender las alarmas. A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por revertir el daño ecológico heredado del mandato de Jair Bolsonaro, los seis primeros meses de 2025 muestran un retroceso preocupante en los avances logrados, justo cuando Belém se prepara para ser el epicentro del debate climático global.
La destrucción de la selva vuelve a acelerarse
Entre enero y junio de 2025, las alertas de deforestación aumentaron un 27% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 1.645 a 2.090 km² de vegetación devastada. Los datos preliminares del INPE, basados en imágenes satelitales, confirman un repunte que pone en entredicho la efectividad de las políticas medioambientales actuales.
En junio, la pérdida de bioma se mantuvo relativamente estable con respecto a 2024, con 458 km² arrasados, la cifra mensual más baja desde 2016. Sin embargo, la tendencia semestral rompe la racha de reducción progresiva registrada en los dos primeros años del mandato de Lula.
El estado de Mato Grosso, motor agropecuario del país, lideró la devastación con 1.097 km² arrasados, lo que representa un alarmante aumento del 141% interanual
La presión de la agroindustria y los retrocesos legislativos
El contexto del aumento de la deforestación coincide con un momento de fuerte presión del lobby agroindustrial y parlamentario para flexibilizar el licenciamiento ambiental. Un proyecto de ley en tramitación amenaza con facilitar la expansión de actividades económicas sobre territorios protegidos y reservas indígenas.
La organización Greenpeace alertó de que esta flexibilización podría derivar en más conflictos de tierras, ocupaciones ilegales y deforestación a gran escala. Asimismo, denunció los intentos por parte de políticos y empresarios del sector para anular la moratoria de la soja, un acuerdo que impide comercializar grano cultivado en áreas deforestadas desde 2008.
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Lula y su meta de deforestación cero para 2030
Desde su llegada al poder, el Gobierno de Lula ha restituido el presupuesto del Ministerio de Medioambiente y reforzado la fiscalización en zonas críticas. Gracias a estas medidas, logró reducir en un 22% la deforestación en 2023 y otro 30% en 2024.
No obstante, los datos del primer semestre de 2025 ponen en duda la sostenibilidad de esa tendencia. Lula mantiene su promesa de acabar con la deforestación ilegal para 2030, pero enfrenta crecientes desafíos políticos y económicos dentro del país.
